Otro golpe al chavismo: arrestan en España a ex tesorera de Hugo Chávez

La ex tesorera, Claudia Patricia Díaz Guillén, detenida en España, así como su pareja son reclamados por la justicia de Estados Unidos por blanqueo de capitales

La policía nacional de España, detuvo este miércoles a Claudia Patricia Díaz Guillén, quien fuera enfermera del expresidente venezolano Hugo Chávez, y a su marido, Adrián Velázquez.

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Ambos reclamados por Estados Unidos por delitos relacionados con blanqueo de capitales, informan fuentes policiales a Europa Press.

Coordinaron la operación la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) en conjunto con la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Además estuvo dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

Fuentes jurídicas informan que ambos detenidos pasan este miércoles a disposición judicial ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

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Pedraz está sustituyendo al hasta ahora titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, tras su marcha al Eurojust.

El magistrado instructor les informará en esta comparecencia de la petición de extradición realizada por las autoridades estadounidenses.

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Así como de los delitos por los que están reclamados.

Asimismo, deberá decidir si les envía a prisión provisional, o por el contrario les deja en libertad, mientras se tramita la extradición.

Estuvieron detenidos en abril de 2018, reclamados por Venezuela después de que la embajada emitiera una orden de detención por los delitos:

Legitimación de capitales, asociación para delinquir y enriquecimiento ilícito.

Estos delitos se determinaron contra la también ex directora de la Oficina Nacional del Tesoro y su pareja.

Adrián Velásquez  ejerció como jefe de seguridad del Palacio de Miraflores, sede del Gobierno venezolano.

El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó casi un año después, en febrero de 2019, rechazar sus extradiciones a Venezuela.

Alegaron que si los entregaban podían ser víctimas de la vulneración de sus derechos fundamentales.

Se trata de una decisión que adoptaron los magistrados por mayoría, pero no por unanimidad.

Esto tras estudiar los recursos que presentaron contra la decisión de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de autorizar su entrega a Venezuela.

Con información de LA RAZÓN