La Oficina Externa de los EE.UU. para Venezuela exige “una verdadera justicia para los venezolanos y para las personas de otras nacionalidades que están en custodia o bajo la autoridad de la justicia penal venezolana”
La Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela condenó el incremento de las acciones “opacas y caprichosas” del régimen de Nicolás Maduro en contra de los presos políticos a quienes se les niega el acceso a la justicia, impidiendo ser visitados por sus abogados y el retardo procesal, entre otros.
A través de una carta, denuncian que a muchos de los presos políticos “los mantienen incomunicados” y en “condiciones insalubres e inseguras agravadas por la pandemia”.
Calificaron como “títeres de Maduro” a los tribunales y aseguran que este comportamiento “no es nuevo”.
“El Informe sobre Derechos Humanos más reciente del Departamento de Estado de los EE.UU. (publicado en marzo 2020) señaló que muchos de los tribunales títeres de Maduro siguen violando los derechos humanos básicos. Estas violaciones continúan y podrían incrementarse bajo el Covid-19”.
Piden a la comunidad internacional “apoye a los cientos de presos políticos que han sido injustamente secuestrados por el régimen” y, además, exigir “una verdadera justicia para los venezolanos y para las personas de otras nacionalidades que están en custodia o bajo la autoridad de la justicia penal venezolana”.
“El régimen pareciera que trata de usar el Covid-19 para ofuscar aún más lo que ellos intentan presentar como justicia”.
A continuación comunicado completo
Falta de Acceso a la Justicia en Venezuela
12 de agosto de 2020
Los Estados Unidos condena el incremento de las acciones opacas y caprichosas ejercidas por el sistema de justicia de Maduro.
Recientemente, hemos escuchado sobre una serie de casos en los que a los acusados, quienes deberían tener derecho a la presunción de inocencia hasta que se pruebe su culpabilidad según la ley venezolana, se les impidió el acceso a sus abogados para los juicios en las cortes. Las audiencias programadas para las personas a las que se les ha negado justicia durante casi 3 años no han progresado en la resolución del caso y/ o se cancelaron en el último minuto, sin una excusa válida. Otros han sido detenidos, mantenidos en condiciones insalubres e inseguras agravadas por la pandemia, y regularmente se les niega sus derechos básicos.
El Informe sobre Derechos Humanos más reciente del Departamento de Estado de los EE.UU. (publicado en marzo 2020) señaló que muchos de los tribunales títeres de Maduro siguen violando los derechos humanos básicos. Estas violaciones continúan y podrían incrementarse bajo el Covid-19. El informe señaló que la ley venezolana requiere que los detenidos sean informados sin demora sobre los cargos en su contra y que los acusados tienen derecho a consultar con un abogado. Sin embargo, hay casos documentados en los que esto no ha sucedido. El informe señaló además que, según la ley venezolana, a los acusados se les garantiza un juicio rápido y el derecho a su propia defensa. Los acusados también deben tener derecho a interrogar a los testigos adversos y presentar sus propios testigos. Por ley, los acusados no pueden ser obligados a declarar ni a confesarse culpables. Sin embargo, estos derechos no son respetados por los tribunales venezolanos.
Michele Bachelet, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), expresó recientemente preocupaciones similares con relación a las acciones tomadas por el régimen de Maduro para socavar el acceso a la justicia. El informe de Bachelet citó la inseguridad en la titularidad de los jueces, la presión política, y el uso de las cortes militares como factores causales que coartan significativamente la independencia judicial. El ACNUDH también destacó los desafíos que impiden el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones de los derechos humanos, incluyendo la manipulación de evidencia; intimidación, amenazas y represalias de parte de las fuerzas de seguridad del régimen para quienes buscan justicia; y la incapacidad o la falta de voluntad de parte de los funcionarios de justicia para procesar las denuncias de las víctimas.
El comportamiento de los tribunales títeres de Maduro no es nuevo. El régimen pareciera que trata de usar el Covid-19 para ofuscar aún más lo que ellos intentan presentar como “justicia”. Ya es hora de que la comunidad internacional apoye a los cientos de presos políticos que han sido injustamente secuestrados por el régimen, y a otros que enfrentan un sistema judicial corrupto y arbitrario, así como también exigir una verdadera justicia para los venezolanos y para las personas de otras nacionalidades que están en custodia o bajo la autoridad de la justicia penal venezolana.
