sábado, febrero 8, 2025

ARRECIA LA PRESIÓN INTERNACIONAL sobre Maduro: de la CPI a la ONU denuncian violaciones a los DD. HH. ¿Sirve de algo?

Desde que se cumplieron tres meses de las elecciones, desde distintas partes del mundo y organizaciones de la talla de la CPI, se han elevado las voces para el cese de las violaciones a los derechos fundamentales de los venezolanos

En las últimas semanas, sobre todo luego de cumplirse dos meses de las elecciones del 28 de julio y tras el encarcelamiento de casi dos mil personas, las alarmas de la comunidad internacional saltaron, en relación con el aumento de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.


Y, aunque el Gobierno de Nicolás Maduro, asegura que sí respeta los Derechos Humanos y ha insistido en que estos detenidos “no son presos políticos”, sino “delincuentes”, en los días recientes han “excarcelado” a más de 500 personas, según sus propias cifras.


Sin embargo, el Estado venezolano niega que esté recibiendo presión alguna y mucho menos que estas excarcelaciones se deban a las gestiones de las ONG, activistas y familias de los detenidos que día con día hacen más denuncias acerca de la situación precaria en que se encuentran sus seres queridos, en las tres cárceles dispuestas para albergar a estos presos políticos.


A ello se suma que, en solo una semana, han muerto tres de estos presos, por falta de atención médica.

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Qué han dicho en el exterior


No en vano, esta situación de los detenidos tras las elecciones ha provocado que levanten la voz organismos como la Corte Penal Internacional (CPI) y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH.


De hecho, el fiscal de la CPI, Karim Khan, terminó reprendiendo al gobierno de Nicolás Maduro por la falta de “implementación concreta de leyes y prácticas” para proteger los derechos de los civiles y advirtió de que las investigaciones de la Fiscalía “siguen en curso y están activas”.


Es más, en su discurso en la reunión anual de países miembros de la CPI, Khan insistió a Venezuela en “la necesidad de proteger los derechos de los civiles, incluidos los niños, y de liberar a quienes estén detenidos por motivos políticos, al igual que cualquier persona que haya protestado pacíficamente”.
Además, lamentó que no ha “visto la implementación concreta de leyes y prácticas en Venezuela que esperaba”, tras las visitas efectuadas al país y los acuerdos firmados con el Maduro.


Este pronunciamiento del fiscal Khan se sumó al que la CPI hizo antes de las elecciones, cuando desestimó el recurso en contra de la reanudación de la investigación abierta al Gobierno de Maduro en noviembre de 2021, por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, quien había recurrido al “principio de complementariedad”, que debe evitar que se solapen investigaciones, para pedir el cierre del caso abierto en la fiscalía del tribunal internacional.


“La pelota está en el campo de Venezuela. El camino de la complementariedad se está agotando”, advirtió Khan.


Y, yendo más lejos, en su presentación más reciente, el alto funcionario, anunció que los hechos violentos registrados tras las elecciones, podrían añadirse al expediente que la CPI ya tiene en marcha.

“Nuestras investigaciones independientes continúan. Siempre han sido paralelas, están activas, y estamos colaborando y trabajando estrechamente con una variedad de socios para cumplir con nuestras responsabilidades, de modo que toda vida importe lo mismo», señaló el fiscal.


Añadió: «Los venezolanos tienen el mismo derecho a la justicia que las familias que conocí en Libia o en Bangladés en las últimas dos semanas. Esto no puede ser más básico, pero vale la pena subrayar ese imperativo en términos de las decisiones que está tomando mi oficina».

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La oficina de Volker Türk

A este terreno ya bastante minado, hizo su aporte el alto comisionado para los DD.HH. de la ONU, Volker Türk, quien presentó, hace solamente unos días, ante el Consejo de Derechos Humanos, un informe actualizado sobre la situación de Venezuela.


Lo primero que hizo en su discurso, fue confirmar lo que había adelantado el gobierno, acerca de la reapertura de las operaciones de su oficina en Caracas, tras la expulsión der todos los funcionarios, en febrero de este año.


“Mi Oficina ha empezado a reanudar sus operaciones en el país en las últimas semanas. Mi esperanza es que podamos recuperar nuestra plena presencia. Como en otras situaciones, mi Oficina puede desempeñar un papel importante teniendo puentes entre las instituciones del Estado y la población del país”, afirmó el alto comisionado.


Es así como Türk dijo estar “profundamente preocupado por el uso desproporcionado de la fuerza y la violencia durante las protestas postelectorales de julio y agosto, incluso por parte de civiles armados que apoyaban al gobierno”.


En consecuencia, instó “a que se lleve a cabo una investigación rápida y efectiva de al menos 28 homicidios que, según se reporta, incluyeron a manifestantes, transeúntes y miembros de las fuerzas armadas”.


Igual que el fiscal Karim Khan, el funcionario dijo que le “preocupa que muchas de estas personas han sido detenidas arbitrariamente, incluidos adolescentes y adultos jóvenes, miembros de la oposición, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y abogadas, así como transeúntes”.


Türk también elogió las excarcelaciones anunciadas por la Fiscalía. “Se trata de un paso importante. Animo a las autoridades a que revisen los casos de las personas que siguen detenidas, en consonancia con las garantías procesales internacionales y otras normas de derechos humanos”.


Fue precisamente tras este pronunciamiento que se concretaron casi 200 excarcelaciones, sobre todo de menores de edad y personas condiciones especiales, así como una mujer embarazada.


“Insto a que se ponga en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente, tanto antes como después de las elecciones presidenciales. Esto incluye a los defensores de los derechos humanos, como Javier Tarazona y Rocío San Miguel, y a los trabajadores humanitarios”, insistió el alto comisionado.


Pero, a su petición añadió que “ofrezcan garantías de un juicio justo a las personas detenidas. Esto incluye permitirles designar a un abogado de su elección y proporcionar a las personas indígenas intérpretes”.


El alto comisionado hizo estas peticiones a cuenta de las denuncias reiteradas de los familiares de los detenidos, acerca de que a estos no se les ha permitido seleccionar a sus abogados de confianza, sino que les han asignado defensores de oficio, además de que la mayoría de las audiencias se han hecho de forma telemática y exprés.


Temores ante las leyes


Por otra parte, el alto comisionado también aprovechó para pronunciarse acerca de las leyes recientemente aprobadas por la Asamblea Nacional (AN).
Por ello, dijo que le “preocupa el uso continuado de la legislación antiterrorista contra manifestantes, incluidos adolescentes, y los informes sobre desapariciones forzadas y malos tratos”.


Asimismo, instó a “a las autoridades a que cumplan su obligación de garantizar que las condiciones de detención se ajustan a las normas internacionales. Las autoridades deben proporcionar alimentos adecuados, agua potable y atención médica a todos los detenidos, muchos de los cuales están recluidos en celdas superpobladas y necesitan urgentemente atención médica”.

Espacios restringidos

Por otro lado, Türk denunció que “el espacio cívico en Venezuela sigue estando restringido”.


Mencionó que su oficina “ha recibido informes fidedignos de que personas defensoras de los derechos humanos, dirigentes sindicales, periodistas, miembros de la oposición, trabajadores humanitarios y personal que trabaja en los colegios electorales han sido objeto de amenazas y hostigamiento”.


Por lo mismo y “dado que muchos han abandonado Venezuela, animo a los Estados de la región a garantizar su protección internacional y a adoptar un enfoque flexible en relación con los documentos de identidad expirados”.


Incluso, dijo que “según se reporta, al menos tres organizaciones no gubernamentales han cesado sus actividades en medio de denuncias de vigilancia, persecución y actos de represalia, como detenciones selectivas y cancelación de pasaportes. Esto contribuye a crear un clima de temor y tensión social e impide que las organizaciones de la sociedad civil lleven a cabo su vital labor”.

En este caso, alertó sobre “la legislación restrictiva, como la Ley Simón Bolívar y la Ley de ONG, aumenta mi preocupación. Estas nuevas leyes corren el riesgo de vulnerar el ejercicio de las libertades fundamentales de expresión, reunión, asociación y participación política”.


“Es esencial que las autoridades tomen medidas urgentes para garantizar un espacio cívico abierto e inclusivo, en consonancia con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Esto es importante para cualquier sociedad, y especialmente en Venezuela ante la toma de posesión en enero y las elecciones previstas para el próximo año”.

Negociaciones y procesos transparentes


El alto comisionado también hizo votos para que se hagan “con urgencia negociaciones políticas entre las distintas partes interesadas para acordar un camino viable”.


Además, pidió que “todos los procesos electorales sean transparentes, inclusivos, pacíficos y plenamente acordes con las normas internacionales de derechos humanos”.


Incluso se pronunció acerca de la situación de los refugiados en la embajada argentina en Caracas.


“También seguimos de cerca la situación de las seis personas que se encuentran en los locales de la embajada argentina, y estamos dispuestos a apoyar todos los esfuerzos para encontrar una solución”, dijo.


Y para rematar, denunció que “los y las venezolanas se enfrentan a graves obstáculos para acceder a la alimentación, la educación, la atención sanitaria y un trabajo digno, incluido un salario digno. Los salarios siguen siendo extremadamente bajos a pesar del aumento del 8,5% del Producto Interno Bruto registrado el año pasado. Las comunidades marginadas y aisladas se ven desproporcionadamente afectadas por la falta de servicios básicos. Insto a las autoridades a que aborden estos problemas de derechos humanos en consonancia con sus obligaciones internacionales”.


No obstante, también se refirió a las sanciones sobre Venezuela, las cuales dijo que “tienen un impacto desproporcionado en los más vulnerables, y también afectan al trabajo de algunas organizaciones de derechos humanos y humanitarias. Es necesario reevaluarlas y levantarlas”.

Human Rights Watch


En la misma tónica de estas organizaciones, también se pronunció Human Rights Watch (HRW), la cual denunció que “Venezuela enfrenta tres crisis simultáneas relacionadas con la represión del disenso, la emergencia humanitaria y el éxodo masivo de venezolanos. Las autoridades persiguen y procesan penalmente a opositores, periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil”.


Agrega que “la Misión de Determinación de Hechos de la ONU y la Corte Penal Internacional están documentando posibles crímenes de lesa humanidad cometidos con el conocimiento de autoridades de alto nivel”.


Denuncia que “el poder judicial, cómplice de los abusos, carece de independencia y ha contribuido a la impunidad de estos crímenes. Venezuela enfrenta una grave emergencia humanitaria. Siete millones de personas requieren de asistencia. Muchos no pueden acceder a atención médica básica y nutrición adecuada. Más de siete millones de venezolanos han huido del país, generando una de las mayores crisis migratorias del mundo”.


Y sobre la situación del país, tras el 28 de julio, HRW señala: “Aunque el gobierno ha liberado a algunas personas detenidas arbitrariamente, también ha detenido a otras, una dinámica que las organizaciones de derechos humanos venezolanas describen como una puerta giratoria”.


Por esa razón, instaron “a los Estados miembros de la ONU a exigir a las autoridades venezolanas la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente, incluyendo a la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, quien está presa desde el 9 de febrero. Asimismo, el Gobierno debe esclarecer con urgencia el paradero de quienes parecen ser víctimas de desapariciones forzadas, como la ciudadana hispano-venezolana Sofía María Sahagún Ortiz”.

Las ONG en Venezuela


A través de la ONG Provea, estas organizaciones se pronunciaron también sobre la situación de los DD.HH. en Venezuela, por lo que pidieron al Consejo de la ONU, “no aceptar la normalización del autoritarismo ni de las violaciones a los DDHH. El escenario represivo se agrava de cara al 10E”.


Alerta que, desde julio para acá, “más de 2000 personas fueron detenidas arbitrariamente tras las elecciones. Estas detenciones, acompañadas de violaciones al debido proceso y a las garantías judiciales, parecen en la práctica un castigo a la población civil”.


También apoyaron “el regreso de la Oficina del Alto Comisionado a Venezuela, pero recordamos que este proceso debe responder a su mandato con plena capacidad de protección y monitoreo”.


Sin embargo, “alertamos sobre la política del gobierno de permitir presencia de organismos internacionales solo según su conveniencia. A pesar de las reiteradas advertencias y recomendaciones de este Consejo sobre el prolongado cierre del espacio cívico, la situación continúa empeorando con la aprobación y promulgación de la Ley de Fiscalización sobre las ONG y la Ley Bolívar”.


Agrega que “el Estado ha intensificado la represión, abandonando toda apariencia de independencia de los poderes públicos.

Wola


Finalmente, la WOLA, una organización líder en investigación e incidencia que promueve los derechos humanos en las Américas, en representantes de varias ONG internacionales, abogó hace solo unos días, por el respeto a la integridad y los DD.HH. de los refugiados en la embajada de Argentina en Caracas, pero también extendió sus reclamos a los peligros que se ciernen sobre los venezolanos en general.


“Las autoridades venezolanas deben poner fin a la violencia y la represión y buscar vías para una solución pacífica de la situación política. La comunidad internacional, especialmente con el apoyo y la mediación de Brasil y Argentina, debe contribuir a estos esfuerzos y cumplir con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos”.

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