El juez de la causa ordenó mantener bajo resguardo la identidad de los testigos
Este martes comenzó en Nueva York la audiencia previa a la sentencia contra el general Cliver Alcalá, quien admitió haber conspirado para derrocar al gobernante Nicolás Maduro y que la CIA lo sabía.
Según una versión del Nuevo Herald, la fiscalía aún pide 30 años de prisión pese a haber negociado con el acusado su admisión de culpabilidad a cambio de un trato favorable.
El caso, llevado en la corte federal del distrito Sur de Nueva York, ha estado marcado por la presentación de información sensible que no ha estado disponible al público.
La semana pasada, el juez que lleva el caso emitió una orden para proteger las identidades de fuentes confidenciales y otros testigos “que continúan suministrando asistencia en investigaciones internacionales sensibles que continúan en curso”.
La orden, emitida bajo pedido de la fiscalía, prohíbe al equipo de defensa divulgar o sacar al exterior, información relacionada con las fuentes que ha sido presentada de cara a la audiencia de sentencia.
El juez también ordenó a la defensa destruir el material una vez que el proceso judicial haya terminado.
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El caso
Alcalá se había declarado culpable en julio de haber suministrado armamento de guerra a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para ayudar a la organización guerrillera en su lucha contra el gobierno colombiano, rechazando al mismo tiempo los más pesados cargos vinculados con el tráfico de droga.
La admisión de culpa se produjo tras un largo proceso de negociación con la fiscalía.
Pero aun así la parte acusadora considera que el juez debería condenar al militar venezolano a 30 años de cárcel.
“El crimen del acusado está lejos de estar exento de víctimas. Las FARC secuestró y asesinó a estadounidenses”, declaró la fiscalía en su recomendación de pena contra Carvajal.
“El acusado era plenamente consciente de la capacidad de violencia de las FARC; de hecho, en su presentación, él y quienes escribieron en su nombre discuten extensamente el secuestro de Ciudadanos venezolanos…. El acusado operó desde las sombras como conductor clave y agente de respaldo para FARC, proporcionándoles armas serias. Y, más allá de eso, el acusado facilitó el tráfico de cocaína de las FARC y protegió a las FARC y sus narcotraficantes socios traficantes de la interferencia del ejército venezolano”, agregó el documento.
No obstante, observadores del caso resaltaron la falta de evidencia física en el caso que vincula al general venezolano con las operaciones de la droga, señalando que la mayor parte de lo presentado descansa solamente en las declaraciones de testigos.
Alcalá, quien fue un cercano colaborador del fallecido gobernante Hugo Chávez, se entregó en Colombia y fue extraditado a Estados Unidos pocas semanas antes del lanzamiento de una incursión armada contra el régimen de Maduro en mayo del 2020 que fue organizada inicialmente por él y que fracasó espectacularmente.
Denominada la operación Gedeón, la incursión militar condujo a la detención de los ex soldados estadounidenses Luke Denman y Aidan Berry y dejó un saldo de seis muertos y decenas de militares venezolanos arrestados.
Denman y Berry habían sido contratados por la firma de seguridad radicada en la Florida Silvercorp USA, perteneciente al ex boina verde Jordan Goudreau, quien firmó contratos con el equipo del líder opositor Juan Guaidó para brindar servicios de entrenamiento a los militares insurgentes y para brindar servicios de seguridad dentro de Venezuela una vez que Maduro fuese derrocado.
Alcalá, quien había reconocido antes de entregarse a la justicia estadounidense que él estaba trabajando con soldados disidentes venezolanos en la liberación de Venezuela, dijo al inicio de su juicio que altos funcionarios de la CIA y otras agencias federales también estuvieron al tanto de sus esfuerzos para derrocar a Nicolás Maduro.
“Los esfuerzos para derrocar al régimen de Maduro han sido bien conocidos por el gobierno de Estados Unidos”, dijeron los abogados de Alcalá en una carta de noviembre de 2021 a los fiscales que acompañó su moción para que se desestimaran los cargos.
“Su oposición al régimen y sus planes para derrocarlo fueron reportados a los niveles más altos de la Agencia Central de Inteligencia, el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento del Tesoro”.
