Casi 90% de los conflictos laborales ocurridos en Venezuela entre enero y agosto corresponden al sector público
El Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical, hizo un balance de los reclamos de los trabajadores venezolanos, por sus derechos, este año.
En un informe que acumula las protestas de enero a agosto de 2021, el organismo determinó que las mismas aumentaron 30,7%, en relación con el año pasado. Solo en agosto, hubo 132 conflictos, frente a las 101 registrados en julio.
Con el resultado de agosto, el total de conflictos laborales en los primeros ocho meses de 2021 se ubica en 808.
En los diversos reclamos, los trabajadores exigen aumentos salariales, sobre todo en el caso del simbólico salario mínimo.
En este sentido, el estudio establece que 69% de las quejas estuvieron relacionadas a este punto. Otro 52% estaba vinculado a las deplorables condiciones de trabajo y 50% al incumplimiento de las convenciones colectivas, según reseñó el portal Banca y Negocios.
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Por entidad y por sector
Bolívar encabezó el número de conflictos con 17% del total, seguido de Distrito Capital (15%) y Lara (14%). La mayoría de los reclamos los hicieron trabajadores del sector público (89%). Los sindicatos de ese sector participaron en 48% de los casos, señala el Observatorio del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin).
Por su parte, los sectores de la salud (33%) y la educación (16%) siguen reportando la mayor cantidad de conflictos en el país.
Además, los trabajadores de ambos sectores rechazaron que el pago se haga a través del sistema patria.
Asimismo, en el sector salud, reportaron 46 despidos injustificados en agosto. Gran parte de estos despidos ocurrió contra trabajadores que ejercieron su derecho a manifestar de manera pacífica.
Por otro lado, los educadores siguen denunciando la falta de equipos tecnológicos y las fallas en el suministro de electricidad y en la conexión a Internet. En ese caso se unen a la protesta “los grandes obstáculos de las clases online”, establecidas a raíz de la pandemia.
Entre los reclamos de agosto, los trabajadores de la Administración Pública denunciaron la violación al derecho de privacidad.
Reclamaron porque les entregaron una planilla de solicitud de datos privados como nombres y ubicación de familiares que vivan fuera del país, redes sociales, lugares que frecuentan, tatuajes, cuentas bancarias, así como si la casa donde vive es propia, alquilada o de algún familiar y con quién vive.
Todo esto acompañado de foto, carnet laboral, carnet de la patria y cédula de identidad.
