El caso de González ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por Provea, Amnistía Internacional y la Organización Internacional del Trabajo, los cuales han solicitado su libertad
El dirigente sindical de las empresas básicas de Guayana, Rubén González, deberá esperar otros 10 días para saber si lo liberan o no, luego que la Corte de Apelaciones militar informó a la defensa que dictará la sentencia en ese lapso.
“Jurídicamente pudimos seguir demostrando que Rubén no cometió ningún delito”, indicó Jorge Machuca, abogado defensor del dirigente sindical, quien ya lleva 20 meses en la cárcel de la Pica.
Machuca ratificó las exigencias de la defensa: nulidad de la antigua sentencia y la libertad plena de González, publicó el Correo del Caroní.
Aseguró que, aunque la corte pidió tiempo para analizar, hay esperanzas de que la salida de González pueda ser antes de los 10 días, donde se llamaría a otra audiencia para exponer la decisión final del caso.
De acuerdo con el defensor, González sigue presentando síntomas de fiebre, gripe, problemas renales y de hipertensión, pero el dirigente les comentó que está siendo atendido y le permiten el acceso a los medicamentos.
Además de ser enjuiciado ilegalmente en un tribunal militar, González fue condenado el 13 de agosto de 2019 a 5 años y 9 meses de cárcel por los cargos de ultraje al centinela y ultraje a las fuerzas armadas, delitos que de acuerdo con los abogados carecen de lógica, pues no hubo funcionarios en rol de centinela en los hechos que se le acusan.
Yarudid González, hija del dirigente, señaló que la corte debe apegarse a lo solicitado por organizaciones internacionales. “Seguimos esperando que se haga justicia”, manifestó.
Detención arbitraria
El caso de González ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por Provea, Amnistía Internacional y la Organización Internacional del Trabajo, los cuales han solicitado su libertad.
El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (GTDA) de la Organización de las Naciones Unidas expuso que la privación de libertad de González fue arbitraria y exigió al Gobierno nacional su libertad inmediata.
La GTDA determinó que el arresto de González “constituyó una vulneración del derecho internacional, por tratarse de una detención basada en discriminación por su opinión política y por ser secretario general de un sindicato que defiende los derechos laborales”.
