DERECHOS LABORALES CONFISCADOS: Venezuela entre países donde más se criminaliza a los sindicatos
Informe internacional revela que en Venezuela prevalece "la ausencia total de garantías para el ejercicio de derechos laborales"
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Por segundo año consecutivo, la Confederación Sindical Internacional (CSI) ubicó a Venezuela en el nivel 5 del Índice Global de Derechos (IGD) 2025.
Esta categoría, la más baja de la lista, incluye a los países donde “los derechos no están garantizados”.
La clasificación ratifica que el país continúa inmerso en un patrón de represión sindical, criminalización del disenso laboral y ausencia de instituciones que protejan efectivamente los derechos de las y los trabajadores.
En su anterior informe, correspondiente a 2024, la CSI había reclasificado a Venezuela del nivel 4 (violaciones sistemáticas de los derechos) al nivel 5.
Allí afirmaba que “las autoridades han seguido persiguiendo a los sindicalistas mediante detenciones arbitrarias y condenas por cargos falsos, mientras que la organización sindical y los derechos se han seguido obstaculizando”, y que Venezuela estaba entre los países donde “las detenciones arbitrarias y los procesamientos de sindicalistas, con el objetivo de silenciar al movimiento sindical independiente, han sido prácticas habituales”.
En ese mismo informe se advirtió que, en Venezuela, junto a Guinea-Bissau, Kirguistán, Nigeria, Tanzania y Yemen, los cuerpos de seguridad del Estado realizaron allanamientos en sedes sindicales, con la intención de sustituir a sus dirigentes por personas cercanas al Gobierno.
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El informe 2025
Según el IGD 2025, Venezuela permanece entre los países donde “las detenciones arbitrarias y los procesamientos de sindicalistas, con el objetivo de silenciar al movimiento sindical independiente, han sido prácticas habituales”.
El informe también advierte que las autoridades han seguido utilizando el sistema judicial para perseguir a trabajadores organizados mediante acusaciones falsas, detenciones sin debido proceso y sentencias sin garantías.
Venezuela fue incluida junto a Belarús, Camboya y Myanmar como uno de los países donde estas prácticas se han vuelto sistemáticas y sin control institucional.
El nivel 5 en el Índice Global de Derechos implica la ausencia total de garantías para el ejercicio de derechos laborales.
Esta categoría se confirma en Venezuela no solo por la criminalización del sindicalismo, sino también por el colapso de condiciones laborales mínimas.
Según el Informe Provea 2024, el 98% de los contratos colectivos del sector público están vencidos, y la mayoría de los trabajadores no perciben un ingreso suficiente para cubrir necesidades básicas.
Las instituciones encargadas de fiscalizar el cumplimiento de derechos laborales están desmanteladas o cooptadas, y no existen mecanismos efectivos para la negociación colectiva ni la protección frente a despidos arbitrarios. Esta precarización estructural, combinada con la represión sindical, configura un entorno en el que los derechos laborales no son reconocidos ni protegidos en la práctica.
Un patrón de persecución
El Informe Anual Provea 2024 documenta que, durante el año, se mantuvo un patrón sistemático de criminalización contra el sindicalismo. En un contexto marcado por las elecciones presidenciales del 28 de julio, se intensificaron las detenciones, hostigamiento, imputaciones penales sin pruebas, y despidos arbitrarios de trabajadores vinculados a sectores opositores o a organizaciones gremiales independientes.
Entre los casos registrados se encuentra el de Víctor Venegas, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación (Fenatev) en Barinas, detenido en enero de 2024 por presunta conspiración.
También fue detenido Régulo Reina, dirigente sindical del estado Monagas, vinculado a una candidatura presidencial de oposición. Ambos casos fueron denunciados como represalias por su participación en el debate político y gremial.
Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, el uso del aparato penal se intensificó. Provea registró que más de 2.400 personas fueron detenidas en el contexto poselectoral, muchas de ellas sin presentación judicial inmediata.
Aunque no todas eran dirigentes sindicales, se reportaron casos de trabajadores detenidos o despedidos por manifestar descontento con los resultados o por participar en protestas laborales.
El informe denuncia una caída del 74% en las protestas laborales, que pasaron de 4.100 en 2023 a unas 1.075 en 2024.
Esta reducción no responde a mejoras en las condiciones laborales, sino al efecto inhibidor del miedo, la vigilancia, la criminalización y la censura. El sector educativo, históricamente movilizado, protagonizó solo 430 protestas en todo el año, una reducción del 84% respecto al año anterior.
Uso del sistema penal y hostigamiento institucional
Durante 2024, el uso de figuras penales como terrorismo, incitación al odio o conspiración fue recurrente en contra de trabajadores que manifestaron o lideraron reclamos gremiales. Provea documentó que estas imputaciones se realizaron en contextos de baja transparencia judicial, sin debido proceso y en muchos casos sin que se permitiera el acceso oportuno a la defensa.
El informe también señala que, aunque no se documentaron asesinatos de dirigentes sindicales durante 2024, persiste un entorno de riesgo: entre 2015 y 2020 se registraron al menos 44 sindicalistas muertos en Venezuela. Esa cifra, aunque no se actualizó en 2024, sigue siendo un grave indicador del nivel de exposición al que están sometidos quienes defienden derechos y ejercen liderazgo laboral.
Varias organizaciones sindicales continúan enfrentando trabas administrativas y políticas para su funcionamiento legal. Entre los obstáculos señalados se encuentra la negativa de las autoridades a tramitar elecciones internas, reconocer a nuevas organizaciones o permitir el registro de sindicatos independientes.
En paralelo, se mantienen las denuncias sobre despidos arbitrarios por razones políticas. Provea registró ceses injustificados de trabajadores en entes como PDVSA, la Misión Piar en el estado Bolívar, y gobiernos locales, motivados por expresiones políticas contrarias al oficialismo o participación en actividades gremiales. Estas acciones violan los artículos 89 y 95 de la Constitución venezolana, que protegen el derecho al trabajo y a la libertad sindical sin discriminación.
La CSI también reiteró que Venezuela carece de instituciones efectivas para proteger los derechos laborales. La falta de independencia judicial, la desarticulación de las inspectorías del trabajo, y el uso del Ministerio del Trabajo como ente de control político, han dejado a los trabajadores sin vías efectivas de defensa.
Una actividad de alto riesgo
Las libertades de asociación, protesta, negociación colectiva y expresión sindical están severamente restringidas, y su ejercicio puede derivar en detención, despido o procesamiento penal.
Una situación que vulnera el artículo 95 de la Constitución, que establece el derecho a constituir sindicatos sin autorización previa, así como los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificados por Venezuela.
El país ha sido denunciado en 42 ocasiones ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT entre 2000 y 2024, sin que se hayan adoptado medidas estructurales para corregir estas violaciones. Actualmente, Venezuela se encuentra bajo una Comisión de Encuesta de dicho Comité, un mecanismo de seguimiento excepcional que se activa ante situaciones persistentes y graves. La represión contra el sindicalismo no es un fenómeno aislado, sino un patrón sostenido que busca silenciar la organización desde los espacios de trabajo.
El informe puede ser consultado en este enlace: Índice Global de Derechos (IGD) 2025
Con información de prensa Provea.
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