El nuevo informe de dos grupos de derechos humanos documenta 200 casos en 2018, y 524 en 2019 de detenciones forzosas
En Venezuela ocurren varias desapariciones forzadas, agresiones, detenciones y acoso por parte de los organismos de seguridad del régimen de Nicolás Maduro, como el caso de Ariana Granadillo, una de las víctimas de la impunidad policial en el país.
Los agentes venezolanos entraron al hogar con armas, pero sin orden judicial y se llevaron a Granadillo. Durante la semana que siguió la confinaron, golpearon, interrogaron y casi la asfixiaron, para después dejarla ir intempestivamente. Sus captores le dijeron que eran agentes de contrainteligencia.
Las detenciones secretas, conocidas bajo el derecho internacional como “desapariciones forzadas” son uno de los principales sellos del régimen de Nicolás Maduro para controlar a la población, desalentar a la disidencia y castigar a sus oponentes, según un nuevo informe de dos grupos de derechos humanos.
El escrito, documenta 200 casos así en 2018, y 524 en 2019. Esto se deriva del aumento en manifestaciones entre crisis políticas y económicas y la respuesta represora del gobierno.
El documento fue producido por Foro Penal, un grupo venezolano que lleva un seguimiento de casos así, y Robert F. Kennedy Human Rights, una organización sin fines de lucro con sede en Washington, D.C.
El informe se agrega a un gran acervo de evidencia de violaciones a los derechos humanos cometidas por el presidente Nicolás Maduro y sus aliados, incluyendo reportes generalizados de tortura y una evaluación de las Naciones Unidas de que las fuerzas de seguridad venezolanas han cometido miles de ejecuciones extrajudiciales.
Las desapariciones forzadas son consideradas por el Derecho Internacional como un crimen contra la humanidad si son sistemáticas. La táctica recuerda a las dictaduras de derecha a las que Maduro y su antecesor, Hugo Chávez, siempre se opusieron. Argentina y Chile fueron tristemente célebres por detener —y a menudo asesinar— secretamente a personas en los años 70 y 80.
El nuevo análisis arrojó que en Venezuela la desaparición promedio duraba poco más de cinco días, lo que sugiere que el régimen buscaba sembrar miedo y al mismo tiempo evitar el escrutinio que podrían generar las detenciones a largo plazo y gran escala.
