Para la oposición, los detenidos en la operación Mano de Hierro es “una fotografía” de la descomposición en la que se encuentra el país
Como una especie de mensaje de auxilio lanza la Asamblea Nacional liderada por Juan Guaidó a la comunidad internacional. Piden mano dura y acciones concretas contra la administración de Nicolás Maduro.
En la sesión ordinaria de este martes #01Feb, la Comisión Delegada hizo la petición, al considerar que personeros de Nicolás Maduro tienen nexos supuestamente con redes del narcotráfico y el contrabando de combustible.
Tal y como lo anunció de manera casi que pitonisa este lunes el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, los diputados opositores de esta AN se basan en las recientes detenciones de una alcaldesa y dos diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), durante la operación “Mano de Hierro” que lleva a cabo Nicolás Maduro y sus representantes, contra las mafias del combustible y el tráfico de sustancias prohibidas.
El diputado José Luis Pirela considera que la detención de los funcionarios oficialistas “es una fotografía ampliada de la descomposición moral que vive Venezuela y las esferas del poder. El régimen quiere lavarse la cara desmarcándose de los funcionarios chavistas implicados”.
No deje de ver: ¡HORROR! En Venezuela habrían ocurrido 27 ejecuciones extrajudiciales en la primera quincena de 2022
Pirela cataloga el hecho como “un show” y asevera que en las altas esferas del tren de Nicolás Maduro hay funcionarios involucrados. “Este show tiene implicaciones políticas que son confrontaciones en el alto poder y por lo cual, están sacrificando sus peones”, dice el diputado opositor.
Nicolás Maduro y su santuario
La diputada Gaby Arellano señala directamente a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello, como los principales responsables. Para Arellano, Venezuela es utilizada por organizaciones criminales internacionales, como una especie de santuario, donde se gestan actos desestabilizadores contra la región. Todo bajo la mirada complaciente de la actual administración.
Pide a organismos como la Corte Penal Internacional, que se propicie un veredicto. El mismo en contra de lo que consideran son atropellos a los derechos fundamentales de los venezolanos.
“Una vergüenza”
Para el diputado indígena, Rommel Guzamana, la detención de la alcaldesa del PSUV, Keyrineth Fernández, es un acto vergonzoso. “Esos indígenas enchufados se están enriqueciendo ilícitamente y gozan de toda la protección absoluta del régimen”, manifiesta Guzamana.
