La justicia de España sigue con “la papa caliente” del caso de El Pollo Carvajal, a quien, al parecer, sus tácticas para evitar la extradición le están fallando una a una
La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo desestimó este martes el recurso interpuesto por Hugo Armando Carvajal, alias El Pollo, contra su extradición a Estados Unidos. Lo hizo expresamente contra la resolución del Consejo de Ministros que en marzo de 2020 dio luz verde a su entrega a ese país.
Tras un debate de los magistrados, en torno a la medida del Consejo de Ministros, el fallo supone el rechazo de las alegaciones de Carvajal, indicaron medios españoles.
Su defensa acudió al Supremo porque apreciaba “vicios de nulidad” en aquella resolución del Gobierno. Aseguraba que no se habían seguido los trámites para la toma de conocimiento de su caso en la reunión. Decían que los ministros no contaban con toda la información disponible. Destaca el hecho de que ya para entonces, Interior le había denegado asilo en España.
El recurso al Supremo era una de las cartas que aún jugaba Carvajal. Le queda no obstante recorrido en lo Contencioso de la Audiencia Nacional.
Si bien la semana pasada rechazó suspender de urgencia la extradición por entender que está haciendo un uso torticero del recurso contra la desestimación de la solicitud de asilo, aún ha de pronunciarse sobre el fondo del mismo.
En paralelo, el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se reunirá este viernes para cumplimentar el trámite que quedaba pendiente y por el que se paralizó de nuevo la entrega a EE.UU., que ya está resuelta.
Se trata de redactar un auto que recoja las garantías de la extradición, como que Carvajal solo será juzgado por los delitos que recoge la orden que motivó el expediente.
Ese auto debe ser aprobado en el plenario, firmado y remitido a la justicia estadounidense para que dé su visto bueno. Una vez el documento esté de vuelta en España, se reanudaría el procedimiento de entrega.
Lo que se debatió
Durante este procedimiento, los magistrados del Supremo deliberaron acerca del recurso que presentó la defensa contra la decisión del Gobierno español de extraditarle a EE.UU.
En marzo de 2020 el Consejo de Ministros acordó extraditar a Carvajal. Sin embargo, según indica la página web del militar, titulada “Mis verdades”, esta decisión “no se efectuó bajo las condiciones legalmente establecidas”.
“El acuerdo de extradición no figura en el orden del día de ese Consejo de Ministros, ni en ninguna otra fecha. Esto, según la Ley de Procedimientos Administrativos y la Ley de Régimen Jurídico, es nulo de pleno derecho”. Así lo apunta la defensa de Carvajal.
El portal también señala que el Ministerio del Interior denegó su solicitud de protección internacional en septiembre de 2019. Lo hizo seis meses antes que se produjera el Consejo de Ministros donde se acordó extraditarlo. “Entonces, o el Ministro de Interior dejó de comunicar al Consejo la denegación del asilo, o el Consejo no se hizo bajo las condiciones legalmente establecidas. En cualquiera de los dos supuestos se incurre en vicio de nulidad”, remarcan.
Por otro lado, los abogados de Carvajal apuntaban a que había otras dos razones por las que el Supremo podría anular la extradición.
La primera es que argumentaban que el gobierno de Pedro Sánchez, durante la realización del Consejo de Ministros “no explica los motivos que lo llevan a tomar la decisión de extraditarlo. Y, bajo la ley, todo acto administrativo debe ser motivado. Faltar a la motivación genera nulidad en el acto”.
También señalaban que el caso podría enfrentarse “ante un delito político o posibles motivaciones políticas por parte de las autoridades de EE.UU”. Finalmente detallan que “El art. V.A. 3 in fine del Convenio Bilateral reserva esta causa de denegación a la decisión del Gobierno de la Nación”.
“El acuerdo de Consejo de Ministros hizo caso omiso a esto y no dio respuesta sobre la motivación política. Así, no solamente incumplen el Convenio Bilateral, sino que faltan al llamado expreso que les hizo la Audiencia Nacional de pronunciarse sobre la avistada motivación política del caso”.
