Certificados falsos, un convenio de cooperación con una cuestionada asociación de municipios, una estrategia dudosa para obtener los terrenos destinados a la construcción de una urbanización para víctimas de la violencia, revelan una alarmante falta de transparencia en Fonseca
En el resguardo de Mayabangloma, ubicado a 10 minutos en moto del casco urbano de Fonseca, viven 4.000 indígenas wayuú que llevan décadas pidiéndole al Estado que termine de una vez por todas de construir las casas de la comunidad. En total, son 927 familias que viven en 600 casas, la mayoría hechas en barro y construidas por ellos mismos.
El Gobierno de Colombia les ha prometido viviendas en dos ocasiones. En 1996 y en 2008, pero basta con ir al resguardo para confirmar que las casas construidas hasta ahora no superan las 20.
Por eso, Ederman Uriana, gobernador del resguardo, se indigna al revisar un certificado expedido en 2011 por el entonces secretario de Planeación de Fonseca, Jorge Luis Poli Miranda Córdoba.
De acuerdo con este documento, la Asociación de Municipios del Sur de La Guajira (Asoagua) construyó 300 viviendas en Mayabangloma.
“Ni siquiera sumando los proyectos (en el papel) alcanzan las 200 viviendas”, dice Uriana; testimonio recogido por Nicolás Sánchez Arévalo, en su publicación para Consonante, donde dio a conocer esta alarmante estafa en La Guajira.
El caso de Mayabangloma es una nueva pieza del rompecabezas de corrupción que armó Asoagua; un esquema asociativo creado en 1995 por alcaldes del sur de La Guajira para celebrar millonarios contratos de obras públicas y que, entre 2006 y 2016, llegó a contratar 82 mil millones de pesos.
Durante estos años, Asoagua sirvió al interés de varios políticos del departamento que aprovecharon el esquema para hacer negocios fraudulentos y saquear el erario. Pero dejaron cabos sueltos.
En el medio Vorágine así Nicolás Sánchez Arévalo hace pública esta estafa, que por su muchísima importancia reproducimos íntegramente aquí.
Falsos Certificados
En los archivos de la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) reposan dos documentos firmados por Jorge Luis Miranda Córdoba en los que certificó la supuesta experiencia de Asoagua en la construcción de viviendas.
En uno certificó la construcción de 300 viviendas en Mayabangloma, y en otro, 120 viviendas en la zona urbana de Fonseca. El objetivo era acreditar a la asociación para que pudiera contratar otros proyectos.
El primer documento, firmado el 29 de diciembre de 2011, indica que el costo total de las obras fue de 2.683 millones de pesos.
Las casas supuestamente se hicieron en el marco del contrato interadministrativo No. 1 de 2009. Pero en realidad este acuerdo consigna un valor total de las obras por sólo 317 millones y la cantidad real de casas construidas fueron 20. “Desmiento la construcción de esas 300 viviendas.
Como cacique gobernador decidiré qué acciones jurídicas tomar, porque es un daño irreparable (…) Si quisiéramos presentarnos a un proyecto del Ministerio de Vivienda nos van a decir que para qué más viviendas si ya nos dieron 300”, dice Uriana.
Ante la pregunta por la diferencia entre el número de casas, Miranda desvía la gravedad de la acusación: “Son más de veinte (…) Me parece que 20 son en una sola comunidad”.
El certificado firmado por Miranda sirvió para que Asoagua se hiciera con un contrato para construir una urbanización para desplazados por la violencia, llamada Cristo Rey.
El 2 de junio de 2011, Pedro Manjarrés Fragoso, alcalde de Fonseca en ese entonces, firmó un convenio de cooperación con Silvio Esnobis Cuesta, representante legal de la asociación. En total, Asoagua debía construir 252 viviendas con una inversión de 5.602 millones de pesos.
El 29 de septiembre de 2011, meses después de suscribir ese convenio, Miranda firmó un segundo certificado en el que avalaba la construcción de 120 viviendas en la zona urbana de Fonseca por parte de Asoagua.
La obra supuestamente costó 882 millones de pesos. Según este documento, las casas se hicieron en el marco del convenio de cooperación No. 27 de 2008.
Sin embargo, el certificado no especifica el barrio donde se construyeron esas viviendas, por lo que no se puede comprobar su existencia.
Y en el de la alcaldía no existe el documento. En respuesta a un derecho de petición, Marla Zuñiga, Secretaria de Planeación, respondió: “Ni en las plataformas virtuales ni en nuestros archivos físicos ni magnéticos hemos encontrado el convenio de cooperación 027 de 2008”.
Otro funcionario encargado de la documentación de la alcaldía le dijo a Zuñiga por escrito: “Revisada la base de datos que aquí reposa, solo tenemos información relacionada hasta el Convenio 024 de 2008”.
Aún así, Miranda insiste en que “ese convenio debe existir”. El ex funcionario afirma que es posible que el equipo de la Secretaría de Planeación se haya equivocado como en otras veces: “Eso también me dicen a mí de un proyecto del Ministerio de Agricultura con el que se adquirió una maquinaria cuando fui secretario: me dicen que no existe”.
Estos dos certificados le permitieron a la Alcaldía de Fonseca y a Asoagua tener el aval para el proyecto que perseguían: la construcción del barrio Cristo Rey. Findeter, la entidad financiadora, exigía una experiencia del constructor que ejecutaría las obras.
Por lo tanto, las actuaciones de la administración de ese entonces fueron claves. El 29 de diciembre de 2011, tan solo dos días antes de que acabara su mandato como alcalde, Manjarrés envió a la entidad el paquete de documentos, entre los que se encontraba los que firmó su secretario de Planeación.
Miranda, quien tenía experiencia en la contratación pública, fue clave en los dos periodos en los que Pedro Manjarrés Fragoso fue alcalde (1998-2000 y 2008-2011).
El exsecretario era conocido por su habilidad para evadir los controles, y era considerado el verdadero cerebro de la alcaldía.
“Él sabe por cuál recoveco (de la contratación) meterse”, dijo un periodista que conoce la política fonsequera, pero pidió no revelar su nombre para conceder la entrevista.
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Irregularidades
En la contratación pública, los convenios de cooperación, figura utilizada por Asoagua y la Alcaldía de Fonseca para la estructuración y la ejecución del proyecto Cristo Rey, son considerados sospechosos.
De acuerdo con la organización no gubernamental Transparencia por Colombia, esta figura a veces es utilizada para evitar las licitaciones públicas.
“A través de convenios interadministrativos se han puesto en riesgo muchos recursos en el país”, dice Andrés Hernández, director de esa ONG.
Tanto Pedro Manjarrés como Silvio Esnobis Cuesta defienden el uso de esta figura en el caso del proyecto Cristo Rey.
Los dos afirman que era la indicada para asociar las administraciones de la región. Cuesta, el entonces representante legal de Asoagua, además asegura que participó en una convocatoria hecha por Fonvivienda, pero no tiene las pruebas del concurso.
Lo cierto es que esta figura agilizaba la contratación y restaba requisitos contractuales, técnicos y de veeduría.
Muestra de ello es que el proyecto Cristo Rey presentaba fallas técnicas desde antes de que se pusiera el primer ladrillo.
En una comunicación del 26 de octubre de 2011, Findeter señaló un conjunto de falencias que tenía el proyecto original enviado por la alcaldía. “No es posible determinar la cantidad necesaria de tubería para el proyecto, ya que el plano de redes de acueducto tiene todas las longitudes de tubería mal”, se lee en el texto.
Además, el evaluador subrayó deficiencias en los planos sobre instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, acueducto, alcantarillado, vías, andenes y sardineles.
En conclusión, el proyecto tenía serios problemas en su formulación.
Pero en el papel se subsanaron estas falencias y dos meses después Findeter dio luz verde al proyecto.
El siguiente paso para la construcción era negociar el terreno. El municipio buscó a José Jairo García, un terrateniente de Fonseca, quien tenía la posesión de un lote con las características necesarias, aunque no contaba con escrituras.
El intermediario en esta negociación fue Luis Fernando Palacios, conocido como “el ingeniero Jimmy”.
Palacios, según un exfuncionario de la alcaldía, consideró que se podría poner el lote a nombre del municipio y “cuando se hicieran las casas, se hacía con cada una como si se comprara el terreno (…) Entonces, cuando el lote se puso a nombre del municipio, el perjudicado fue el particular, que creyó en la buena fe del ingeniero”, dice.
José Jairo García explica su versión sobre el acuerdo al que llegó con Jimmy: “Yo le entregué a esa persona (‘Jimmy’) las cinco hectáreas para negociarlas para la urbanización Cristo Rey (…) Él hizo la negociación con el municipio. Cinco hectáreas de tierra se vendieron en esa época en 500 millones de pesos, yo he recibido 180, el resto del dinero no sé qué pasó”, afirma.
Al preguntarle de dónde salieron los recursos que le entregaron responde: “Esos me los dio a mí ‘Jimmy’ Palacios. Yo no sé con quién hizo esa transacción. Yo entregué la posesión porque esos terrenos no tenían escrituras, vendí la posesión por un precio accesible y ‘Jimmy’ se encargó de la escrituración y de toda esa cosa”.
A pesar de que García vendió cada hectárea del lote en 100 millones de pesos, en el expediente del proyecto reposa un avalúo en el que cada hectárea valía 50,6 millones. O sea que el terreno se negoció por el doble de lo que se debía pagar.
García confió en la palabra de ‘Jimmy’, a quien dice conocer desde la infancia. “Fuimos compañeros de colegio, es una persona versada en asuntos de esos negocios. Se lo entregué de confianza y le dije ‘tú me respondes por esto’ y él hizo lo demás”.
Ahora García evalúa interponer una demanda por la plata que no le han pagado. “Yo tengo un documento privado con ‘Jimmy’ sobre eso, en el cual dice que él me responde por esa tierra”, agrega.
“Jimmy” Palacios no aparece en ninguno de los documentos de ese proyecto. No obstante, su influencia en la administración, su mediación en la compra del lote y sus actuaciones durante la ejecución de la obra han sido determinantes en este rompecabezas.
Para Berna Jaraba, representante de los desplazados que fueron beneficiados con los subsidios de vivienda para una casa en ese barrio, y para un exfuncionario consultado, ‘Jimmy’ no fue solo un mediador sino que se atribuyó el papel de constructor de la obra.
“Todo el tiempo chantajeó al municipio”, señala el exfuncionario. “Él siempre decía que él debía terminar Cristo Rey pues gracias a su gestión el dueño de la finca firmó las escrituras del lote”, añade.
Además, según Jaraba, “Jimmy” ha dicho que él está dispuesto a desvincularse del proyecto si la administración municipal le paga lo que él ha invertido en la obra.
Es decir, Palacios consideraría que la alcaldía tiene una deuda pendiente con él.
El “anticipo”
Una vez el proyecto de Cristo Rey se puso en marcha, 252 familias desplazadas por la violencia fueron seleccionadas para recibir sus subsidios de vivienda.
En 2011, les llegó la carta cheque del Ministerio de Vivienda que les asignaba entre nueve y 16 millones de pesos a cada una.
Cuesta citó a los beneficiarios del proyecto a una reunión en la Casa de Cultura. Según Berna Jaraba, quien estuvo en el encuentro, el representante legal de Asoagua les dio un papel para que lo firmaran.
Algunos no lo leyeron porque no sabían leer y otros porque confiaron en él.
En este documento, las familias beneficiarias le solicitaban al Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) que girara los recursos de sus subsidios a una cuenta registrada a nombre de Asoagua en el Banco Agrario.
Jaraba supo, por un amigo que trabajaba en esa entidad financiera, que Cuesta cogió los documentos firmados y se fue a la sucursal de esa entidad en San Juan del César para solicitar la transferencia de los recursos a la cuenta de la asociación.
Sin embargo, le negaron el desembolso y le dijeron que el pago sólo se haría después de que cada casa fuera entregada con las escrituras a nombre de los beneficiarios.
Consonante contactó a Cuesta para conocer su versión sobre este hecho, pero no contestó las preguntas.
Jaraba, al igual que muchos, no comprendía el alcance del documento firmado. Estuvo a punto de perder los pocos recursos que el Estado le había otorgado para construir su vivienda.
Para ese momento, el proyecto estaba desfinanciado, es decir, Asoagua no contaba con la capacidad financiera, administrativa y técnica para sacarlo adelante, como lo comprobó la Fiscalía en septiembre de 2016 en el marco de una investigación que halló un detrimento patrimonial por más de 527 millones de pesos en una obra que debía ejecutar esa asociación en el municipio de Barrancas.
El 20 de junio de 2013, Asoagua finalmente presentó la renuncia irrevocable al desarrollo de la urbanización Cristo Rey, según consta en un otrosí firmado por el alcalde José Manuel Moscote, que le entregaba el contrato a Ómar Eustropio Solano.
“Las condiciones financieras de Asoagua no permiten ejecutar el proyecto con recursos propios”, se lee en el documento.
Es decir, la asociación reconoció dos años después que no tenía la capacidad financiera para sacar adelante un proyecto que valía más de 5.000 millones de pesos.
Sin embargo, Asoagua se había encargado de construir una imagen de entidad sólida ante diferentes instituciones.
En el balance financiero de 2010, que fue enviado a Findeter para hacerse al proyecto de Cristo Rey, Cuesta y la contadora Lauren Bravo Pinto aseguraron que los ingresos de la asociación superaban los 39.000 millones de pesos.
En el balance correspondiente a 2013, que Bravo y Cuesta presentaron ante Confecámaras, reportaron activos por 98.000 millones de pesos.
Paradójicamente, también en 2013, la asociación de municipios le envió un documento a la Alcaldía de Fonseca en el que reconocía que no tenía solidez financiera para construir Cristo Rey.
La capacidad que ostentaba le sirvió para suscribir 57 contratos con diferentes entidades públicas, entre 2011 y 2012, de los que hay evidencia en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop).
¿Cómo una entidad que reportaba activos millonarios podía estar al mismo tiempo desfinanciada?
Los indicios apuntan a que se trataba de un maquillaje contable que tenía el propósito de quedarse con los recursos públicos de los municipios de esta parte de La Guajira donde tenía proyectos.
Impunidad
De las 252 familias beneficiarias, solo 72 recibieron las viviendas tras varios años de espera. En 2020, Fonvivienda declaró la medida administrativa de incumplimiento.
Y en 2022, la Alcaldía de Fonseca les confirmó a las 180 familias que aún no habían recibido su casa, que no tenía dinero para construir lo que faltaba.
Mientras tanto, el Ministerio de Vivienda le solicitó a la Alcaldía la devolución de 991 millones de pesos que le desembolsó por concepto de los subsidios de vivienda, pues nunca se construyeron las casas.
Con el paso del tiempo, el costo de fabricación de las casas ha subido debido a la inflación. En su momento, varios de los subsidios otorgados no llegaban a los 16 millones de pesos, que a dinero de hoy no alcanzan para financiar lo que falta.
La responsabilidad ha pasado por diferentes administraciones y contratistas. Todos los involucrados gozan de impunidad: ni la Procuraduría ni la Fiscalía, ni la Contraloría han sancionado a alguno de los protagonistas del entramado, a pesar de los evidentes incumplimientos en las obras, las irregularidades en su adjudicación y el fracaso de la urbanización.
Manjarrés, por ejemplo, intentó llegar por tercera vez a la Alcaldía de Fonseca en 2019. Una de sus banderas de campaña fue la vivienda digna.
En su perfil de Facebook escribió: “Nuestra colectividad política cuando ha ejercido gobernabilidad, ha hecho más de dos mil soluciones de vivienda para familias pobres de nuestro municipio. Hoy nos trazaremos la meta de gestionar un número significativo de viviendas basado en el conocimiento y la experiencia”.
A pesar de la derrota, sigue teniendo poder porque es aliado del alcalde actual, Hamilton García Peñaranda, y se prepara para presentarse a la asamblea departamental en las elecciones de octubre.
Por su parte, Moscote, sucesor de Manjarrés, quien entregó la ejecución del proyecto a dos contratistas que hicieron muy poco por la urbanización, fue elegido por la Asamblea departamental como contralor de La Guajira (2020-2021).
Desde ese cargo debía velar por la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Por otro lado, “Jimmy” Palacios se dedica a promocionar un plan turístico llamado El paseo del girasol.
Miranda ahora es el director de proyectos de la fundación Jusonawa (antes Fundación Sol Naciente de La Guajira), organización sin ánimo de lucro que ha contratado alrededor de 974 millones de pesos con entidades de ese departamento y del Cesar.
El único que ha sido investigado por sus actuaciones ha sido Silvio Esnobis Cuesta, quien se encuentra en prisión domiciliaria a la espera de un juicio por malos manejos en otro proceso de contratación de Asoagua con la Alcaldía de El Carmen de Bolívar en 2014.
No obstante, tres fuentes del municipio aseguraron que lo ven esporádicamente jugando dominó y tomando cerveza en algunos estancos.
Barrio a medias
Lewin Ariño, quien vive desde 2012 en una de las pocas casas que construyeron en la urbanización Cristo Rey, debe levantarse a las tres de la mañana para conectar una bomba eléctrica a una extensión.
Luego, ensambla una manguera a un motor y cubre con cinta aislante las fisuras del empalme. Se arrodilla y succiona con su boca hasta que el agua sale y la almacena en recipientes plásticos.
Así también les toca a todos sus vecinos que, sin quererlo, deben competir porque el líquido es limitado y a los que salen más tarde a hacer el empalme no les alcanza a llegar.
Para los habitantes del barrio el único problema no es la falta de agua, también lo es cuando llega.
Las casas fueron diseñadas con un solo desagüe por cada dos. Por esta razón, cuando las familias lavan su ropa o la usan para tareas de la casa el acueducto colapsa y las rejillas se tapan. Este es solo uno de los muchos errores técnicos del proyecto.
Las calles no están pavimentadas. “Esto quedó horrible. Las vías de Cristo Rey son tan angostas que el carro recolector de la basura no puede entrar”, dice Jaraba.
Además, los andenes tienen filos de cemento peligrosos y, aunque hay contadores de luz, los vecinos del barrio se conectan a una red privada, por lo que tienen constantes conflictos con su propietario.
Por esas obras de urbanismo Asoagua recibió 1.006 millones de pesos en 2012, lo que equivale a más de 1.700 millones de pesos en 2023.
La construcción de Cristo Rey cumple siete años paralizada. Y la respuesta de la administración actual no da esperanzas de que esta situación cambie pronto.
“Podemos afirmar que todos los obstáculos que hoy se presentan para la ejecución del proyecto, fueron debido a la permisividad de administraciones anteriores en no tomar medidas para evitar el desequilibrio económico en el valor de los subsidios, y que el proyecto financieramente se hiciera viable en el tiempo”, señaló Marla Zuñiga, actual secretaria de Planeación, en respuesta a un derecho de petición que interpuso el medio Consonante.
En otra comunicación del 14 de marzo de 2023, dirigida a Jaraba por la misma funcionaria, se lee: “nuestra administración viene explorando todas las posibilidades que conduzcan a solucionar la situación”.
Jaraba, sin embargo, es escéptica. “Nosotros les hemos propuesto que si no les alcanza hagan hasta donde llegue el recurso y de ahí seguimos, pero que hagan algo, que no nos dejen botados”, dice.
La lideresa, que ha denunciado amenazas en su contra por su insistencia en la construcción de Cristo Rey, no desiste en su empeño:
“Yo quisiera que se investigara quiénes son los culpables y que se haga justicia, que los metan presos, que paguen, porque aquí le han hecho daño a muchas personas que se han muerto esperando su vivienda”.
El desfalco y la desidia han dejado víctimas como Ariño, que consiguieron que les entregaran la vivienda en pésimas condiciones y hoy tienen que vérselas con la falta de agua y vías. Otros damnificados han tenido menos suerte, pues ni siquiera pudieron acceder al lote.
Las condiciones de las viviendas y de la urbanización Cristo Rey evidencian la trama de corrupción y de poder que se gestó alrededor de ese proyecto para personas damnificadas por el conflicto armado.
Las promesas se desvanecieron en el papel, y las casas nunca fueron construidas en la cantidad ni con la calidad prometidas.
El resultado: comunidades sumidas en la desesperación, obligadas a vivir en condiciones precarias, mientras las entidades encargadas de control y vigilancia permanecen indiferentes.
Fuente: publicación de Nicolás Sánchez Arévalo para Consonante; reproducida por Vorágine.
