El joven, quien también tiene nacionalidad italiana negó las acusaciones que hizo el chavismo en su contra en 2017
La Sala de lo Penal Sección 1ª de la Audiencia Nacional de España ha accedido a extraditar a Enzo Franchini a Venezuela.
En las seis páginas del auto, a las que tuvo acceso el diario La Razón, exponen que «la Fiscalía informó en favor de la desestimación de la extradición. En iguales términos se pronunció la defensa de Franchini, alegando su inocencia respecto a la agresión objeto de la reclamación y que esta tenía una motivación política».
El 13 de noviembre, cuando tuvo lugar la vista, el ministerio público aseguraba que «con esta descripción de los hechos, en España, la sentencia tendría que ser absolutoria».
El fiscal Marcelo Azcárraga insistió entonces en que, en la documentación remitida a España «no se describe ninguna actividad delictiva del reclamado»: «Se viene a decir que el referido sujeto se encontraba presente en el lugar del hecho, en el momento de ocurrir el hecho», es decir, «que estaba presente en el lugar de los hechos al igual que muchas otras personas», pues se trataba de una manifestación antichavista, según La Razón.
La acusación
El chavismo acusó a Franchini en 2017 de ser el asesino de otro joven, que no era opositor, y murió en las protestas después de una disputa callejera de la víctima con bandas enemigas de «parqueros». El joven también tiene nacionalidad italiana.
Franchini reconoce que participó en las protestas contra Nicolás Maduro y fue testigo del horrible crimen aquel 20 de mayo de 2017, pero “no lo cometió”.
Como parte de “La Resistencia”, se encargaba de recoger con su moto a los heridos para que no respirasen el gas lacrimógeno o por si necesitaban alguna intervención urgente.
Dura sentencia
Franchini y su familia, quienes pensaban que, tras la tajante postura de la Fiscalía durante la vista, celebrada el año pasado, había quedado más que claro que el joven venezolano no debía ser extraditado a Venezuela.
Ahora posiblemente deba regresar al país en el que no se garantizan los derechos humanos o que, por motivos humanitarios o políticos, ha sido abandonado por más de 5 millones de venezolanos, según cifras de Acnur.
