Con respecto a las órdenes de captura contra opositores por supuesta “traición a la patria”, juristas señalan que representa una violación más al debido proceso y el acceso a la información transparente
La dirigente opositora María Corina Machado dio a entender que no asistiría ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a solicitar la revisión de su inhabilitación por parte de la Contraloría General de la República.
Argumentó que su inhabilitación no es jurídica, sino política y se debería resolver de esa manera.
La reacción a la posición de Machado no se hizo esperar y el diputado y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, señaló que el lapso establecido por el TSJ hasta el 15 de diciembre para recibir solicitud de revisión de inhabilitaciones no significa “un ultimátum”, dejando abierta la posibilidad de que el proceso pudiera continuar culminado este período, observa nuestro reportero Johan Álvarez.
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Órdenes de captura
Cabello también se refirió a la solicitud de órdenes de captura desde el Ministerio Público (MP) contra 15 personas vinculadas a la oposición y específicamente al equipo de María Corina Machado, por supuesta “traición a la patria”.
Aseguró que el principal motivo es porque presuntamente forman parte de un “sistema de lavado de dinero con la trasnacional ExxonMobil”, que se encuentra explotando recursos en el territorio en disputa del Esequibo.
Órdenes de captura de las cuales se desconoce el tribunal que las habría librado, lo que para el abogado Juan Carlos Apitz representa una violación más al debido proceso y el acceso a la información transparente que requiere cualquier ciudadano expuesto a disposición de la justicia.
