Durante la pandemia desalojaron a cerca de 40% de los migrantes y refugiados de Venezuela y otro 38% corre el mismo riesgo. La consecuencia es que, por la crisis de varios países de acogida, muchas de estas personas podrían quedar en la indigencia.
La advertencia la hizo un estudio realizado por la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los datos indican que tres de cada cuatro hogares desalojados están enfrentando nuevos riesgos de desalojo. Además, “una quinta parte de las personas afectadas estaban embarazas o eran madres”.
“Los desalojos afectan los derechos humanos económicos y sociales de las personas migrantes. En el contexto actual hay más riesgo, principalmente el acceso a la vivienda digna de las personas venezolanas”. Así lo dijo Julissa Mantilla, Comisionada, Relatora sobre derechos de las personas migrantes de la CIDH.
“En este sentido, la CIDH observa que la recopilación de datos es importante. Los mismos permiten identificar las afectaciones diferenciadas. También los factores de discriminación y los múltiples aspectos, incluyendo el enfoque de género para
orientar de forma precisa las políticas y medidas de protección necesarias en los países de la región”, explicó.
Relata que “muchas personas refugiadas y migrantes en América Latina y el Caribe, dependientes de la economía informal para sobrevivir, perdieron sus trabajos durante la pandemia. Se encuentran viviendo en situación de pobreza, sin poder cubrir sus necesidades básicas, incluyendo el pago de alquiler”, alertó.
El estudio incluyó a migrantes en Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Panamá, la República Dominicana y Guyana. “La mitad de los
hogares entrevistados viven en una sola habitación. El estudio también muestra que 11% de todos los desalojos resultaron en indigencia. Además, tres de cada cuatro de los hogares caerían en indigencia si fueran desalojados. Esto aumentaría el riesgo de contagio de COVID-19″, destaca.
También destaca que los migrantes desalojadas que viven en las calles “se enfrentan a la estigmatización. También al riesgo de ser explotadas y abusadas laboral y sexualmente”.
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Son estigmatizados
El estudio recomienda “garantizar políticas públicas para el acceso a la vivienda”. Esto como “paso siguiente a los esfuerzos en regularización es clave si queremos evitar que sigan aconteciendo situaciones tan dramáticas como las que hemos observado en este último año”, dijo a su vez Eduardo Stein. Él es Representante Especial Conjunto de ACNUR y OIM para los Refugiados y Migrantes Venezolanos.
En este sentido, el funcionario destacó que que “algunos gobiernos de la región hacen esfuerzos para prevenir la indigencia durante la pandemia. Por ello han declarado prohibiciones temporales a los desalojos y otras iniciativas”.
Sin embargo, alerta que “algunas de estas regulaciones ya han expirado o culminarán una vez finalice la declaración de emergencia”.
De acuerdo con los resultados de la encuesta, 6 de cada 10 hogares que enfrentaron desalojos no tenían contrato formal. La falta de presencia y asistencia institucional incrementa los niveles de vulnerabilidad. Esto, especialmente para mujeres, niñas y niños, personas con discapacidad y pueblos indígenas.
