La ONG Acceso a la Justicia elaboró un informe que resumen lo que ha hecho la ANC en tres años de vigencia, lo cual se resumen en pocas palabras: perseguir a la disidencia
Nicolás Maduro fue claro cuando convocó a las elecciones del seis de diciembre: la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) dejará de existir, luego de esa fecha.
La sentencia de Maduro recayó sobre una “institución” que nació torcida y que no cumplió con su principal función: redactar una nueva Carta Magna.
«Transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución». Estas son las tres funciones que el artículo 347 de la CARTA MAGNA le atribuye a la ANC. Pero, ninguna ha sido cumplida.
La ONG Acceso a la Justicia, publicó un informe en el cual destaca por qué la Constituyente, desde su origen, es completamente írrita.
“No llevó a cabo ninguna de sus asignaciones. Nicolás Maduro la convocó ilegalmente en 2017. No lo hizo a través del pueblo como manda la Constitución. La ANC, en cambio, se ha dedicado a atacar a la Asamblea Nacional (AN), electa en diciembre de 2015”. sentencia el informe.
Agrega que Maduro activó la instancia “con el objetivo de arrogarse las competencias parlamentarias y perseguir a los diputados. En consecuencia, profundiza la obstrucción al Poder Legislativo”.
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Lo que ha hecho la ANC
En sus más de tres años de funcionamiento, ha dictado una docena de «leyes constitucionales». LA ONG destaca que esa denominación “no existe en nuestro ordenamiento jurídico”.
Entre esas normas destaca: la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia; la de Precios Acordados, la Ley del Impuesto a Grandes Patrimonios. Y la más reciente, la Ley Antibloqueo; así como otros «decretos constituyentes» como aquel con el que eliminó las alcaldías Metropolitana de Caracas y Mayor del Alto Apure.
Agrega que “la ANC se ha convertido en una herramienta de persecución contra la disidencia desde el primer momento. Prueba de ello es que su primera decisión, nada más al instalarse el 4 de agosto de 2017, fue remover a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz”.
En el 2019 se arrogó la potestad para levantar la inmunidad parlamentaria a veintidós diputados opositores. “Y desde 2017 adoptó decisiones que sentaron las bases para ilegalizar a decenas de partidos políticos de oposición. Todo en represalia por no haber participado en las elecciones municipales de diciembre de ese año”.
También «ha propiciado la consolidación de un régimen autoritario (…) en perjuicio de los ciudadanos y el sistema democrático», alerta Acceso a la Justicia en su reporte.
