La comisión conoció que Tarazona “ha sido víctima de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes posterior a su detención”
Durante el 186 periodo de sesiones de audiencia pública realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la ONG Fundaredes denunció “el patrón de graves vulneraciones de derechos humanos de su director Javier Tarazona, detenido de forma arbitraria desde el 02 de julio de 2021.
A esta audiencia también acudieron familiares de presos políticos y personas beneficiarias de medidas cautelares que están privadas de libertad en Venezuela, quienes tuvieron un derecho de palabra.
Se trata del periodo de sesiones de la CIDH denominada: “Seguimiento de medidas cautelares sobre personas beneficiarias privadas de libertad en Venezuela” que se llevó a cabo en Los Ángeles, California, Estados Unidos.
Sobre el caso de Tarazona, la directora encargada de Fundaredes, Clara Ramírez, recordó que en el 2020 el directivo “fue beneficiario de una medida cautelar de la CIDH, en vista de su alto riesgo por defender derechos humanos en la frontera venezolana”.
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El infierno de Tarazona
“Por el riesgo en el que se desenvolvía el director de FundaRedes Javier Tarazona y por el contexto de riesgo en el país, la CIDH consideró otorgarle la medida cautelar, pero sin embargo esta fue omitida por el Estado, ya que continuaron los amedrentamientos y hostigamientos contra su persona, seguido de su detención el 02 de julio de 2021”, lo señaló Clara Ramírez.
A su vez, denunció las distintas vejaciones a las que ha sido expuesto este defensor de derechos humanos, además “ha sido víctima de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes posterior a su detención, ya en este momento se cumplen 613 días de su detención”, dice la nota de prensa de la ONG.
Por su parte Oswaldo Cáceres activista de FundaRedes agradeció a la comisión de la CIDH que mediante la resolución de fecha 30 de octubre de 2022 haya dado seguimiento a la medida cautelar aplicada a Javier Tarazona, “y que a su vez se haya solicitado al Estado venezolano que, se asegure y garantice la vida e integridad personal, además que el defensor de DDHH deba contar con iluminación, ventilación adecuada así como posibilidad de acceso a espacios de recreación”.
Sumado a esto, hizo énfasis en que el Estado debe evitar cualquier tipo de aislamiento contra el beneficiario o cualquier otro castigo en su contra, “Javier Tarazona debe recibir atención y tratamiento médico de calidad, le deben permitir el acceso a médicos particulares por su delicada condición de salud”.
De igual forma, se detalló que “el Estado venezolano no ha cumplido hasta el día de hoy ninguna de las medidas solicitadas por la CIDH, agregando que el activista padece de hipertensión arterial, arritmia cardiaca, hiperinsulinismo, insuficiencia venosa grado 2, asma, alergia permanente, fibrosis pulmonar severa, colon irritable, tensión ocular, soriasis, blefaroespasmos, fisuras rectales y alopecia como consecuencia de la limitada exposición al sol”.
En cuanto al proceso penal donde se le imputan los delitos de instigación al odio, traición a la patria y terrorismo, se informó a la CIDH que, se está llevando a cabo la audiencia de juicio oral y público de Javier Tarazona, así como de Rafael Tarazona y Omar de Dios García.
Destacó que el proceso fue interrumpido en octubre de 2022, reiniciando desde cero en diciembre, por lo que “desde FundaRedes se agradeció que se tomen en cuenta las condiciones de reclusión del director de esta organización, ya que es el único defensor de DD.HH. privado de libertad en Venezuela”.
Seguidamente en el segundo derecho de palabra, Clara Ramírez recalcó que “al hablar del tema de las mujeres que también son víctimas, la medida cautelar que la comisión le otorgó a Javier Tarazona fue extensiva a su madre e hijo mayor, pero sin embargo, el Estado venezolano no la respetó, ya que posterior a su detención, el SEBIN irrumpió en su vivienda trasladando a su mamá la señora Teresa de Jesús Sánchez a un sitio desconocido por algunas horas, irrumpiendo la medida cautelar que también tenía”.
El deber ser
En cuanto la manifestación por parte del Sistema Interamericano, Julissa Mantilla Falcón relatora y presidenta de la Comisión, detalló que “el Estado se encuentra en una condición especial de garante para salvaguardar el bienestar de las personas reclusas, y donde no sobrepase los límites, sumándole que a pesar de la condición de reclusión, deben velar por el cumplimiento de los derechos de cada uno de los privados de libertad, en especial el derecho a la vida, integridad personal, así como el acceso a servicios básicos e indispensables para tener una vida digna, como esencia de los derechos humanos”.
