A Estiben José Zárate Zoto, y el teniente Ascanio Antonio Tarascio Mejía, los sentenciaron por los delitos de tortura y homicidio calificado
El Tribunal 12 de Juicio del área metropolitana de Caracas condenó a dos agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) a 30 años de cárcel. Se trata de la pena máxima que se aplica en el país y es por la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo.
La información se dio a conocer este viernes por la noche, a través de la página web del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La sentencia recayó sobre el sargento Estiben José Zárate Zoto, y el teniente Ascanio Antonio Tarascio Mejía. Los condenaron a “30 años de prisión por los delitos de tortura y homicidio calificado”, indica la nota.
Esta es una nueva condena, luego de una polémica sentencia conocida en septiembre de 2019 que había determinado seis años de prisión para estos funcionarios.
En ese entonces, lo sentenciaron por “homicidio preterintencional”, desestimando entonces el delito de tortura.
El capitán Acosta Arévalo, de 50 años, falleció el 29 de junio de 2019 en un hospital de Caracas. Murió ocho días después de ser detenido acusado de participar en un supuesto plan para derrocar y asesinar a Nicolás Maduro.
Tras sufrir un colapso en el tribunal donde lo presentaron en silla de ruedas, incapaz de hablar y con señales de tortura, el juez ordenó que lo llevaran a un centro asistencial.
El caso que suscitó un fuerte rechazo internacional ante el clamor de justicia, recordó la agencia AFP.
En octubre del año pasado, el TSJ anuló la acusación del Ministerio Público con el argumento de que hubo actuaciones que “atentaron contra el derecho a la defensa, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva”.
Por ello, Tarek William Saab, fiscal de Nicolás Maduro, anunció que se hizo una nueva imputación. Reconoció “la intencionalidad del homicidio y la tortura”.
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Presos fallecidos en custodia del Estado
La ONG Foro Penal señala que 10 presos políticos han fallecido bajo custodia. Entre ellos también destaca el concejal Fernando Albán, detenido el 5 de octubre de 2018 por su supuesta participación un intento de magnicidio.
Albán murió tres días después de su detención en celdas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Igual que en el caso de Acosta, esta muerte desató polémica internacional, al punto que las Naciones Unidas pidió una “investigación transparente”.
La fiscalía, en tanto, informó en diciembre pasado que más de 200 agentes de las fuerzas públicas han sido condenados por violaciones a los derechos humanos.
La mayoría de las violaciones se produjeron durante protestas antigubernamentales que dejaron unos 125 muertos en 2017.
La Corte Penal Internacional (CPI) inició una investigación contra Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad durante esas manifestaciones, según un memorando firmado en noviembre en Caracas por el fiscal de ese organismo, Karim Khan, y el presidente Maduro.
