Un abogado introdujo un documento ante el Ministerio Público para reanudar investigación contra expresidente de CarboZulia por irregularidades
Este martes, se conoció que el Ministerio Público de la administración de Nicolás Maduro, comenzó una investigación contra Carbones del Zulia (Carbozulia), empresa estatal adscrita al Ministerio de Industria, para determinar si existe una presunta trama de corrupción.
El diario últimas Noticias, detalló que esta investigación comenzó en el año 2021, pero que recientemente consignaron nuevos elementos. Fue el abogado y empresario Juan Pablo Montiel Almeida el que hizo la denuncia.
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En ese sentido el Ministerio Público conglomeró todas estas pruebas que indicarían que existen posibles irregularidades en Carbozulia. Dentro de las denuncias, se expresa detalladamente investigar la gestión del presidente de la estatal, Francisco Javier Aguilera Castro.
Sin embargo, Aguilera Castro fue removido del cargo el 15 de marzo, exactamente días antes de que comenzaran las encarcelaciones por parte de la Policía Anti Corrupción, contra altos funcionarios chavistas involucrados en presuntas tramas de corrupción dentro de la administración de Maduro.
En el documento que presentó el abogado Juan Pablo Montiel Almeida, ante el Ministerio Público destaca que Aguilera Castro presuntamente suscribió contratos “para la explotación de la actividad carbonífera en el Zulia, con empresas inexistentes jurídicamente”.
Una de esas empresas está denominada como Operaciones Mineras y Servicios Lacustres C.A. la cual facturó desde el año 2018 once millones de dólares “sin que ello representara beneficio alguno para el Estado”, dice el texto, de acuerdo con Últimas Noticias.
En ese sentido, destaca que Montiel Almeida asegura que las maquinarias empleadas por Operaciones Mineras no son de su propiedad, pero simuló tal cualidad. Pese a ello, cobró al Estado mensualmente 45.000$ por equipos que no llegaban a prestar servicios en la explotación del carbón.
El abogado sostiene que el ex presidente de Carbozulia estaría presuntamente incurso en los delitos de apropiación o distracción del patrimonio público, concierto para la celebración de contratos, corrupción propia agravada y enriquecimiento ilícito.
