La Fracción 16 de Julio cuestionó el informe de la comisión que investiga el caso de Monómeros y acusa a los integrantes de la instancia a privilegiar intereses políticos por encima de los venezolanos
La Fracción 16 julio, grupo de exdiputados de la AN de Juan Guaidó, cuestionó el informe de la comisión especial que investiga las irregularidades en Monómeros. A través del dirigente José Luis Pirela, esa agrupación acusó a quienes hicieron el informe de “encubrir la corrupción” ocurrida en esa empresa.
La noche de este miércoles la comisión aprobó el informe en cuestión y la Fracción Parlamentaria alertó “sobre el grave daño que tendrá esta decisión”.
“Esta es una sesión atropellada y atropellante del ejercicio parlamentario. Votar un informe sobre un activo de la República es un acto absolutamente condenable, arbitrario, antidemocrático y de fines inconfesables”, acusó Pirela.
Dijo que “se está obviando la discusión sobre los elementos de fondo para imponer una mayoría circunstancial”.
Recordó dos propuestas que hizo a la comisión, entre ellas solicitar la opinión sobre la contratación de un bufete de abogados en Colombia. Además, de una reunión con la directiva de la AN “dada la gravedad y las implicaciones geopolíticas del tema”.
Dijo que al no tomar en cuenta sus propuestas y aprobar el informe, “esa mayoría circunstancial tendrá que responder frente a la Constitución y la historia, por semejante desaguisado”.
Lea también: CORRUPCIÓN O POLITIZACIÓN ¿A qué se debe la crisis de Monómeros? ¿Qué dice la comisión investigadora?
Viola las leyes
Pirela explicó que el documento “viola el artículo 42 (del reglamento Interior) que señala que las comisiones especiales solo actuarán para el cumplimiento del objetivo asignado”.
Aseguró que “el objetivo de esta investigación no se ha cumplido. Hay un interés político y celestino de encubrir las actuaciones de la junta directiva de Monómeros”.
En este informe, “no están contemplando los actos de esa junta directiva, no hay una evaluación de su desempeño, ni positivo ni negativo. Esto, aun cuando todos sabemos que esas actuaciones son ilegales. Se firmaron contrataciones que violan los estatutos de la empresa y las leyes venezolanas y colombianas. Este informe no está cumpliendo con el objetivo de la investigación”, insistió.
Añadió que “se pretende solapar la contratación de Lion Street, que es una aberración jurídica de un contrato por 15 años. Mientras los estatutos establecen y contemplan que no puede ser por más de tres años”.
El documento “no menciona ni una palabra sobre la trama de corrupción montada con insumos del Pacífico, con Guillermo Rodríguez Laprea como representante. Ni una palabra dice el informe sobre el tema y tampoco se refleja en el acta de la reunión donde tratamos el tema”.
Propósitos desvirtuados
En consecuencia, Pirela afirmó que “esta comisión tiene totalmente desvirtuados sus propósitos. Es muy lamentable que el país vaya a recibir un informe de esta pobreza. No es capaz ni siquiera de establecer un juicio sobre el objetivo central de la comisión. Esto es, la responsabilidad de la directiva en sus actuaciones”, aseveró.
También anunció que se reserva “todas las acciones judiciales en territorio colombiano y en algún momento también en territorio venezolano”.
“Siento que el país está burlado con estos resultados y siento que esto tiene otras intenciones mucho más profundas en lo político. Se ha consumado un atentado contra los intereses del país. Se ha colocado el interés político partidista de una alianza, por encima de los intereses de la nación”, finalizó.
