Los diversos cuerpos de seguridad del Estado de Venezuela fueron culpables de, al menos, 1.414 ejecuciones durante 2021. Esto representa menos de la mitad que el año anterior, según un informe presentado este lunes por dos Provea y el Centro Gumilla.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las, al menos, 27 ejecuciones extrajudiciales de personas en situación de pobreza cometidas por parte de policías en Venezuela. Los crímenes ocurrieron durante la primera quincena de 2022 y por ello exhortó al Estado "investigar, juzgar y sancionar" estas muertes.
"Las ejecuciones extrajudiciales perpetradas en Venezuela se extienden por varias décadas. El uso deliberado de la fuerza letal por parte de militares y policías ha producido la privación arbitraria de la vida a miles de personas, en su mayoría jóvenes residenciados en zonas pobres. Una ascendente letalidad intencional que evidencia un desprecio por la vida de las personas lo cual afirma una política de exterminio".
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En el primer semestre de este año 2021, la ONG Lupa por La Vida registró 825 presuntas ejecuciones extrajudiciales a mano de los organismos de seguridad del país.
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Entre el 2018 y el 2020, en Venezuela se cometieron alrededor de 18.000 ejecuciones extrajudiciales. La información la dio a conocer el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
A las 24 personas que fallecieron en supuestos enfrentamientos con las FAES en La Vega, fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales. La denuncia la hizo el exfiscal del Ministerio Público, Zair Mundaray.
Hasta el momento, hay datos de ejecuciones en Caracas, Miranda, Aragua, Carabobo, Sucre, Bolívar, Táchira, Mérida Trujillo y Zulia. Faltan los demás estados, denunció la ONG Provea
