La ONG Acceso a la Justicia hizo un análisis de la medida de la CPI contra Venezuela y determinó que hay razones para que las víctimas de los crímenes de lesa humanidad en el país puedan esperar que se haga justicia
“El Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) ha concluido el examen preliminar de la situación en Venezuela I. Ha determinado que procede abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma”.
Para la ONG, Acceso a la Justicia, estas palabras dan las claves acerca de las razones de la CPI para “iniciar el arduo trabajo de determinar” quiénes son los responsables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela,
Esto se traduce en llegar a quienes deben responder por “las detenciones arbitrarias y masivas, torturas y malos tratos. Además de violación y otras formas de violencia sexual y persecución”, cometidos en el país al menos desde 2017.
Según la ONG, lo que resalta de esas frases es que no las dijo el fiscal Karim Khan, sino que están contenidas en uno de los considerandos del memorando de entendimiento que firmó Nicolás Maduro.
Desde Acceso a la Justicia saludamos consideran que la medida “es histórica y que tendrá repercusiones más allá de nuestras fronteras”. ¿Por qué? A continuación, se enumeran las tres razones.
1. Por las víctimas
A juicio de la ONG, “lo más importante de la decisión del fiscal Khan es que da esperanzas a las víctimas y a sus familiares de que sus casos no quedarán impunes. El anuncio de una investigación por parte de un órgano independiente es un gran aliento. Indica que sus voces serán escuchadas en algún momento por un juez imparcial”.
Resalta que esto ocurre, porque “el numeral 2 del artículo 15 del Estatuto de Roma permite a las víctimas participar en las indagaciones que conducirá la Fiscalía”. Ellas pueden “suministrarle información y formular objeciones”.
Enfatiza que “la posibilidad de participar en una investigación y en un eventual juicio ante una instancia internacional constituye parte de la reparación a la que las víctimas tienen derecho”.
Asevera que “la víctima de violaciones de derechos humanos, así como sus familiares, encuentra reparación en el reconocimiento y puesta en práctica del derecho a la verdad. Ello conlleva una expectativa que debe ser satisfecha por el Estado”.
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2. Por la región
Además, “la decisión de Khan de investigar los hechos ocurridos en Venezuela es un hito en la historia de su despacho y de la Corte. Es la primera vez en 19 años desde su entrada en vigor que el organismo fijará su mirada en unos sucesos ocurridos en el continente americano”.
Hasta ahora el grueso de las treinta investigaciones y la totalidad de los juicios que la CPI ha celebrado han estado relacionados con hechos ocurridos en África. Así, hasta el momento, el juzgado ha celebrado juicios relacionados con la República Democrática del Congo, Sudán, Uganda, Malí, la República Centroafricana y Costa de Marfil.
Sobre América Latina, la Fiscalía estuvo examinando preliminarmente desde 2004 las denuncias de crímenes de guerra y de lesa humanidad ocurridas en Colombia. Pero, antes de llegar a Venezuela, la CPI dio por cerrado el proceso contra el Estado colombiano
3. Desenmascara a Maduro
La decisión de Khan no solo confirma que los derechos humanos no están garantizados en Venezuela. Esto es algo que organizaciones nacionales e internacionales vienen denunciando desde hace tiempo, señala la ONG.
Pero, agrega que “las medidas que en los últimos meses han venido adoptando las autoridades para castigar los crímenes han sido claramente insuficientes”.
Recuerda que “desde enero, Maduro ordenó la reestructuración de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Mandó a que los presos bajo la responsabilidad del Sebin y DGCIM, sean enviados a cárceles ordinarias. Pero, hasta el presente no se ha cumplido a cabalidad.
Asimismo, el Ministerio Público ha dado un giro de 180 grados sobre lo ocurrido en casos como el asesinato del estudiante Juan Pablo Pernalete en 2017. También lo hizo en el caso del concejal Fernando Albán en 2018.
El despacho dirigido por Tarek William Saab debió admitir que Pernalete sí murió producto de una bomba lacrimógena disparada por un efectivo de la Guardia Nacional. Así como que Albán no se suicidó, como había dicho en un primer momento.
En las últimas semanas, la justicia resolvió los casos de David Vallenilla y Daniel Alejandro Queliz, ambos víctimas de la represión, también de 2017.
No obstante, la ONG destaca que “hasta ahora todas las medidas adoptadas por las autoridades judiciales han estado dirigidas contra subalternos. No abarcan a los superiores, pese a lo extendido de los abusos.Y esto es algo que contradice lo dispuesto en el Estatuto de Roma”.
Por otro lado, “el anuncio de la CPI no considera, hasta este momento, que la justicia venezolana sea capaz o esté interesada en identificar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad.
