Hace un año, un enfrentamiento entre la FAN y disidentes de las FARC ocasionó varios muertos, entre ellos cinco civiles a quienes acusaron de ser parte de la guerrilla
La ONG Provea alertó que “no hay ninguna voluntad” de investigar a las fuerzas de seguridad por la masacre de El Ripial, en el estado Apure, que acaba de cumplir un año.
“Nos preocupa que hay elementos que indican que no hay ninguna voluntad de investigar ni a los autores materiales, ni a la cadena de mando en la masacre de El Ripial. Allí asesinaron a cinco personas, cuatro de ellas de una misma familia”, indicó el coordinador de la ONG, Marino Alvarado.
Desde que ocurrió el hecho, las ONG defensoras de derechos humanos denunciaron que allí hubo presuntas ejecuciones extrajudiciales de al menos cinco civiles. Además, se produjeron detenciones arbitrarias y torturas contra varias personas.
En marzo de 2021, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se enfrentó en Apure contra grupos irregulares que las autoridades nunca identificaron. Pero que la ONG Fundaredes los calificó como disidentes de las FARC.
El conflicto se extendió por casi tres semanas y provocó el desplazamiento de más de 6.000 venezolanos hacia Colombia, según datos de Fundaredes.
La FANB aseguró que la ofensiva dejó un saldo de ocho militares y nueve “terroristas” fallecidos. Igualmente, hubo más de cuarenta detenidos.
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Las denuncias
No obstante, varias ONG denunciaron el ataque a civiles de la zona y, el 26 de abril de 2021, Human Rights Watch (HRW) acusó a las fuerzas de seguridad de las ejecuciones extrajudiciales.
En un informe, HRW aseguró que el operativo “derivó en la ejecución de al menos cuatro campesinos, detenciones arbitrarias, el procesamiento de civiles ante tribunales militares. A esto se sumaron las “torturas contra residentes acusados de colaborar con grupos armados”.
Desde Provea aseguran que estos hechos han sido informados a organismos internacionales de protección y que “es deber” de la justicia venezolana “investigar. No solo a los actores materiales del asesinato de estas cinco personas, sino a la cadena de mando”.
Alvarado puntualizó que la falta de acciones del Gobierno “contradice totalmente el memorándum de entendimiento que firmó el Estado venezolano con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. El mismo obliga a las autoridades a realizar investigaciones genuinas en aquellas situaciones donde se pueda presumir que se han cometido crímenes de lesa humanidad”.
Para la ONG, el “Ministerio Público sigue sin respuestas. La masacre sigue impune”.
