Acusa al oficialismo de desalentar la participación política de cara a las elecciones y de aplicar inhabilitaciones desproporcionas a actores de la oposición política
El último informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) da para todo. Por una parte, acusa a la administración de Nicolás Maduro de violar “sistemáticamente” los derechos humanos y desalentar la participación política y, por otra, acepta que las sanciones sectoriales afectan a las personas en situación de más vulnerabilidad y pide su levantamiento.
El informe presentado este jueves indica en su capítulo referente a Venezuela: “El Estado ha violado sistemáticamente los derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión, para facilitar la concentración de poder en manos del Poder Ejecutivo, desalentar la participación política y minar la independencia de las instituciones”.
A juicio de la comisión, las sanciones de inhabilitación para ejercer cargos públicos, entre las que mencionó la que pesa sobre la ex diputada María Corina Machado, han sido aplicadas “de manera desproporcionada contra personas de la oposición”, lo que “viola estándares interamericanos en relación con los derechos políticos”.
En el documento, el órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) asegura que “el deterioro institucional y la falta de independencia del Poder Judicial ha permitido que, en el país, se instale un clima de impunidad frente a graves violaciones de derechos humanos”.
En este sentido, aseguró que “ni el Ministerio Público, ni la Defensoría del Pueblo ni el Poder Judicial han actuado con debida diligencia para investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones”, lo que —a su juicio— se debe a la “falta de independencia de estas instituciones frente al Gobierno”.
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Levantar sanciones
En contraparte, también pidió el levantamiento de las sanciones sectoriales aplicadas contra Venezuela, al recordar “los hallazgos” de la relatora especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales, Alena Douhan, en su visita al país en 2021, entre ellos que “han exacerbado las calamidades” en la nación.
Indica que “toma nota de los hallazgos” de la relatora de las Naciones Unidas, quien “señaló que las sanciones sectoriales no tienen base normativa en el derecho internacional y han agudizado la situación de las personas en situación de vulnerabilidad”.
“Por tal motivo, la CIDH reitera su llamado a que sean levantadas”, expresó, aunque aclara que la “grave situación económica antecedió la imposición de sanciones y tuvo como origen distintos factores”.
Entre estos, “están la caída de los precios del petróleo, la política de privatización y expropiaciones, la gestión pública deficiente caracterizada por el excesivo gasto público” y “la corrupción generalizada.
