Para el experto en derecho internacional Simón Gómez, la visita de Karim Khan tiene que verse en el contexto de lo que manda el Estatuto de Roma sobre los procedimientos de la CPI
El anuncio de la visita a Venezuela del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, causó sorpresa. Desde que se anunció su llegada y más, desde que arribó al país, no han cesado las peticiones “para que haga justicia” por los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país desde el 2017. Sin embargo, también se han alzado voces que critican que el alto funcionario haya venido “invitado”, por la administración de Nicolás Maduro.
La expectativa surge porque está pendiente el examen preliminar que actualmente mantiene abierto la CPI. El examen podría pasar a una fase de Investigación Formal, permanecer abierto o ser cerrado durante los próximos meses o años.
Pero ¿Qué significa la llegada de Khan a Venezuela? ¿Su presencia en el país es una manifestación de apoyo a Maduro?
Las respuestas a estas interrogantes las dio Simón Gómez Guaimara, especialista en derecho internacional y coordinador de la ONG Defiende Venezuela.
En entrevista publicada por la ONG Provea, el experto, aclara que “es muy pronto para comenzar a evaluar la gestión de Khan”. Él apenas comenzó su desempeño como fiscal en mayo de este 2021.
Advierte que la visita está enmarcada en el principio de cooperación entre los Estados y la CPI. Por ello, no observa su presencia como algo a favor de Maduro. Más bien lo ve “como elemento de presión para que las autoridades venezolanas demuestren si están dispuestas o no a llevar hasta sus últimas consecuencias las averiguaciones por las violaciones a los DD.HH.”.
“La cuestión de la cooperación con el Estado, es uno de los pilares del sistema de la Corte Penal Internacional en conjunto con el principio de la complementariedad. Los Estados, de acuerdo al artículo 82 del Estatuto de Roma, están obligados a cooperar con la Corte. Esto, en la realización de su mandato, que es prevenir e impedir la impunidad por los crímenes que son de su competencia”, explica Gómez.
A juicio del abogado, la actividad realizada por la fiscalía de la CPI se ha desarrollado en una armonía relativa con el Estado venezolano a lo largo del examen preliminar. Esto deriva de que las autoridades venezolanas han suministrado alguna información y participado de reuniones en La Haya.
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La experiencia con Bensouda
La alarma sobre la visita del Khan a Venezuela se entiende por la experiencia con la anterior fiscal, Fatou Bensouda. Ella inició el examen preliminar y había dicho en marzo pasado que ya tenía listo el acto conclusivo de la averiguación.
Sin embargo, las autoridades venezolanos introdujeron un recurso ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI alegando que la Fiscalía les había tratado injustamente. Bensouda se quedó sin poder dar a conocer la conclusión de la evaluación, luego de lo cual han pasado varios meses. Su sucesor, Khan, no se ha pronunciado sobre el caso Venezuela I.
Al respecto, Simón Gómez observa que ambos fiscales han estado prestos y abiertos a colaborar con el Estado venezolano. Así lo ordena el Estatuto de Roma.
En este sentido, el especialista pide evaluar a Bensouda y a Khan en sus contextos. “Es una cuestión que para comprenderla hay que situarla en su contexto y hacer una ponderación de las gestiones”.
“En el caso de Bensouda, tenemos un mayor margen de tiempo para hacer la evaluación. Ella fue prácticamente quien condujo la mayor parte del examen preliminar hasta que alcanzó la fase tercera. Por su parte, el fiscal Karim Khan se encuentra en su recepción del cargo, aún no ha transcurrido un semestre de gestión”, explicó.
Además, recordó que el Estado venezolano también invitó a Bensouda, pero su llegada no se pudo concretar.
“La propia fiscalía había dado una relación de todas esas actividades de cooperación que se han desplegado con Venezuela. Esto, en el marco del litigio que interpuso Venezuela ante sala de Cuestiones Preliminares. Todo, en razón de que en opinión del Estado venezolano se le estaba tratando injustamente en relación con otras investigaciones. Pero, la Fiscalía comprobó que era falso. La fiscal Bensouda tuvo la plena disposición de colaborar y estaba en contacto permanente con las autoridades venezolanas”, resalta Simón Gómez.
Lo de que debe hacer Karim Khan
Explica el experto que el fiscal Khan “tiene que recoger del Estado lo que han sido las medidas de diverso carácter que han sido implementadas para cumplir con lo que dice el Estatuto de Roma. Pero deberá realizar luego una evaluación de los elementos por diversos canales y medios. Uno de ellos es este contacto de primera mano que va a tener. Tendrá que hacerlo de conformidad con el Estatuto de Roma”, agregó.
Considera que con las acciones de Maduro, como la reforma judicial y la apertura de algunos juicios, la fiscalía debe probar que tienen “una intención genuina de buscar a quienes son los máximos responsables de esos crímenes”.
Pero, aclaró que en estas acciones, se ha visto que no se juzga a los responsables por dar órdenes, sino a “los autores materiales, es decir los perpetradores”.
Simón Gómez señala “el Fiscal va a evaluar la situación con respecto a una regla que en inglés se denomina same person, same conduct (misma persona, misma conducta). Esto, aunque todavía no haya personas individuales señaladas, sino potenciales personas relacionadas con los crímenes. Por ello se evalúan las circunstancias relacionadas con el presunto crimen. En esa medida (el acusado) va a tener una relación con respecto superiores que estén vinculados a la conducta”, acotó.
“Lo que debemos advertir es que el Estado venezolano parece no haber probado que haya juicio por los crímenes objeto del examen preliminar, que son torturas, desapariciones forzadas, encarcelamiento, violencia sexual, que fueron cometidos en el contexto de las manifestaciones que se dieron en Venezuela entre el 1.º de abril y el 31 de julio 2017″, dijo.
Insiste Simón Gómez en que el determinar si están dadas las condiciones para que se establezca el principio de complementariedad y las investigaciones y procesos judiciales las haga el Estado venezolano es más que nada un punto de vista de carácter estructural.
En este sentido, refiere que los hallazgos de Comisión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas, reafirman lo que abogados y ONG defensoras de DD.HH. han señalado por años, como es la inexistencia de un auténtico sistema de justicia, que la comisión denomina de estado de represión, y que no hay independencia de jueces, fiscales y demás órganos de investigación, en el sistema venezolano.
“Para que Venezuela satisfaga principio de complementariedad debe existir una genuina intención traducida en acciones concretas para reformar el sistema de justicia”, expresó.
Eso tiene que darse “a través de una negociación (entre gobierno y oposición), que entiendo era uno de los puntos que estaban en la agenda en México. Lamentablemente sabemos lo que está ocurriendo con la suspensión de las conversaciones. Producto de esas sesiones y mediante acuerdos que involucren a la sociedad venezolana, especialmente a las víctimas y la sociedad civil, resultaría un proceso de cambio paulatino que arroje una reinstitucionalización del sistema de justicia. Ese paso previo es indispensable para que podamos hablar de que existe una genuina garantía de que esos juicios sean transparentes”, detalló el abogado.
¿Cómo se da esa dinámica de la visita del fiscal Khan?
Se le va a pedir al Estado (informar) cuántos juicios tiene en tortura, a quiénes estás investigando, y así va a ir crimen por crimen. Es la prueba técnica que va a tener Venezuela.
“Es una visita, como se dan acciones de órganos internacionales, muy breve, en la que se va es a corroborar determinadas circunstancias que (el fiscal) ya tiene o ha hecho una pre evaluación en atención a lo que recibe por múltiples canales y que su propia oficina recoge. Lo que va a hacer es escuchar a diversos actores. Creemos va a haber oportunidad contactar a víctimas, organizaciones de la sociedad civil y otros actores estatales que antes no ha podido escuchar”, precisa Simón Gómez.
Añade que lo que va a corresponder es a una situación de carácter simbólico, el cual tiene mucha importancia porque ese simbolismo debe verse traducido en un estímulo para que el Estado avance en la investigación genuina de estos hechos.
“El Estado no puede simplemente conformarse con esta fachada y utilizar la visita como parte de la construcción de una fachada, eso le podrá servir en las primeras de cambio, pero a mediano y largo plazo ya no será sustentable. Esta estrategia, de que el Estado quiere ganar tiempo, podrá hacerlo, pero esa carrera es a largo plazo y a mediano plazo, estas tácticas dilatorias ya se habrán agotado”, señala.
