“La práctica de ejecutar presuntos delincuentes se ha convertido en una política de Estado”, señala Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano
Solo en noviembre de 2021 hubo 73 “abatidos” a manos de funcionarios de organismos de seguridad del Estado y de la FAN. Esto, en operaciones realizadas en 13 entidades del país. “Estas muertes se pueden calificar, en su mayoría, como ejecuciones extrajudiciales”.
La denuncia la hizo la ONG Control Ciudadano que califica los hechos como “violación del derecho a la vida, la integridad personal y el debido proceso”.
Para Control Ciudadano, las cifras de abatidos “va en aumento”. Por tal motivo, comenzó a visibilizar “un registro mensual de las muertes potencialmente ilícitas a manos de funcionarios policiales y militares·.
En nota de prensa la ONG aclara que la fuente de ese registro “es el monitoreo mensual de medios de comunicación”.
“La práctica de ejecutar presuntos delincuentes se ha convertido en una política de Estado”, señala Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano.
Agrega que “la regla de los cuerpos de seguridad de Estado y de la FANB, en procedimientos de seguridad, parece ser disparen a matar. Esto, no es solo violatorio de la Constitución, sino que aumenta los niveles de violencia en la sociedad”.
Recuerda que “el uso de la fuerza mortal debe ser excepcional como regla para combatir la delincuencia. Sin embargo, parece ir en aumento en Venezuela. Por ello, la legítima defensa en el ejercicio de la autoridad, parece desvirtuada, traspasando los límites legales”.
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Por estados
En noviembre, los estados Sucre, Zulia, Monagas, Miranda, y la capital Caracas, son las entidades con mayor incidencia de personas “abatidas”.
En Sucre, por ejemplo, hubo 22 muertes de presuntos integrantes de la banda el “Tren del Llano”. Todo, en el marco de un operativo efectuado a partir del 7 de noviembre, en San Juan de las Galdonas.
Se trató de una operación conjunta entre efectivos de la FANB, el Sebin y el BAE, del cual aún no se tienen cifras exactas.
La ONG señala que las autoridades no rindieron declaraciones sobre los resultados de la operación.
Resalta que, en el marco de la “unión cívico militar policial”, la administración de Nicolás Maduro ha incrementado las operaciones mixtas.
En estos casos, “no se establece claramente la línea de mando, oficial responsable de la operación ni las unidades y funcionarios bajo su mando”. Ello “dificulta la determinación de responsabilidades, en caso de violaciones a los derechos humanos”, resalta Control Ciudadano.
En el registro seguido por Control Ciudadano aparecen involucrados la GNB/CONAS en 40 % de los casos, Policía Nacional Bolivariana (PNB)/Policías Regionales, en 33 % y el CICPC en el 27 %.
La ONG resalta que “los asesinatos cometidos por policías y militares, en el marco de operativos de seguridad en Venezuela, son pocas veces investigados o juzgados”.
