“En diez años al frente de la conducción del país, Nicolás Maduro extinguió el estado de derecho, pulverizando las conquistas sociales y eclipsando los derechos civiles y políticos, bajo la sombra del autoritarismo”
La ONG Provea presentó este 9 de mayo, la edición número 34 de su Informe Anual sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, correspondiente al período enero-diciembre de 2022, en el cual la principal conclusión es que la administración de Nicolás Maduro ha hecho de Venezuela una “fábrica” de miseria, donde impera “la exclusión y la desigualdad”.
Provea hizo un resumen del documento, donde resalta: “para 2022 se registraron 19,1 millones de personas con necesidades humanitarias, 68 % de la población sufrió pobreza multidimensional”.
Mientras que “los salarios y pensiones continuaron siendo de hambre: $6 finalizando el año”.
Denuncia que esto ocurre en parte porque “el país importaba más del 70 % de los alimentos procesados que se consumían. Permaneciendo de espaldas a la obligación de garantizar salarios y pensiones dignas iguales al costo de la canasta alimentaria, Art. 91 de la CRBV”.
Además, hay un “colapso generalizado de los servicios públicos y los altos precios, han creado las condiciones favorables para un aumento generalizado de la desigualdad en Venezuela”.
Lea también: ¿HABLARÁN DE VENEZUELA? Biden y Lula se reúnen para abordar temas sobre democracia y DDHH
Los DD.HH.
Se registraron 95.920 denuncias de violaciones del derecho a la salud, un aumento del 34,7 % entre el 2022 y 2021.
La administración de Maduro entregó 3.122 viviendas en 2022, en lugar de las 500.000 que dijo haber construido.
Asimismo, continuó el difícil acceso a los servicios básicos como el agua o la electricidad. El deterioro del derecho a la salud, educación se afecta por bajos salarios de los trabajadores.
Por otro lado, persistieron las protestas de los trabajadores con 3.185 manifestaciones por derechos laborales, 45% del total.
Advertencias
La ONG alertó que “se están tomando decisiones para mantener el control de la población, lo que podría significar un eventual aumento de la persecución por el próximo escenario electoral”.
A ello se suma que “el sistema de justicia está siendo usado para perseguir a opositores y voces disidentes, como lo demuestran las denuncias de la Misión de la ONU sobre Venezuela”.
Entre tanto, 2 sindicalistas fueron asesinados en 2022 y otros 6 siguen detenidos, entre ellos Gabriel Blanco.
“El defensor de derechos humanos, Javier Tarazona, permaneció injustamente detenido por su labor. Su familia denunció deterioro en su salud física y mental”, agrega.
Se registró un incremento del 68,6% en el número de violaciones a la integridad personal con 2.203 víctimas: 91 de torturas y 2 muertes por esta causa.
Enfatiza en que “la falta de la institucionalidad democrática y del Estado de Derecho están en la base de las masivas violaciones de los derechos humanos: tanto los derechos económicos, sociales y culturales; como los derechos civiles y políticos de la población”.
