Especialistas alertan que las consecuencias de esta normativa se verán en el aumento de los precios, el desempleo y desestímulo para las empresas del sector privado
Tras la sanción de la Ley de Protección a las Pensiones de la Seguridad Social, por parte de la Asamblea Nacional (AN), salen a colación los análisis de la norma y sus consecuencias para la economía del país, porque, literalmente, la misma se hizo para hurgar los bolsillos de los empresarios, con un aporte de 15% del total de los ingresos sus trabajadores.
Esto, con la finalidad de cumplir un rol que es un deber del Estado: procurar remuneraciones suficientes a los ciudadanos y garantizar una vejez digna.
Cabe recordar que antes de la llegada del chavismo a Venezuela y hasta la primera década de este, la pensión, equivalente al salario mínimo, alcanzaba, al menos, para las necesidades básicas de los abuelos.
La tragedia viene después, cuando las sucesivas políticas económicas erráticas de la administración de Hugo Chávez y luego, de Nicolás Maduro, dieron al traste con poder de compra de los venezolanos, del salario mínimo y, por ende, de las pensiones.
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Antes de las sanciones
Sobre el tema, el economista y exdiputado José Guerra, recuerda que “el poder adquisitivo de las pensiones se comenzó a derrumbar en 2013 (al llegar Maduro al poder), cuando la inflación se aceleró significativamente, transformándose en hiperinflación en noviembre de 2017, mucho antes de las sanciones de 2019”.
Es por ello que, en primer lugar, se cae uno de los argumentos de la ley, que es “proteger las pensiones de las sanciones”.
“Llama la atención que, al ser una ley originada en las medidas coercitivas del imperialismo, no se dice que al cesar tales medidas se derogaría la ley, lo cual sugeriría que va a adquirir carácter permanente”, acota Guerra.
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El impuesto y sus consecuencias
Por otro lado, el economista desglosa una de las consecuencias del cobro del impuesto.
“El artículo sexto establece que la contribución o el impuesto en realidad que se deriva de la ley será aplicable a las empresas del sector privado, independientemente de su tamaño, con una tasa de 15% sobre el monto devengado por cada trabajador en forma de salarios y bonos. El impuesto será recaudado por el Seniat y será deducible del impuesto sobre la renta según el artículo décimo.
Claramente, se trata de un nuevo impuesto a la nómina y como todo impuesto se traslada a los precios, de una firma u otra, tarde o temprano”, alertó guerra.
Y recuerda que, lo que “enseña la microeconomía es que todo impuesto genera una distorsión y una que pudiese ser más visible es que puede inhibir la creación de empleos formales, ante una tasa tan elevada de 15% a la cual hay que sumar el tope de 11% como aporte patronal al Seguro Social”.
No contentos con esto, el experto advierte que “ello va a incidir principalmente en las pocas empresas grandes que quedan en Venezuela. No es claro que se pueda aumentar la recaudación con una tasa tan elevada si la base del impuesto se contrae, en un contexto donde la remuneración a los trabajadores es muy baja”.
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Lo que no aclara
Asimismo, José Guerra advierte que hay vacíos en la norma, desde el punto de vista de que, “aunque será el Seniat quien recaudará el impuesto, no se clarifica en la ley a cargo de quién estará su administración, punto muy importante debido a las grandes falencias del sector público”.
Tampoco se especifica si el monto recaudado será asignado linealmente a cada trabajador asegurado.
“Otro asunto que la ley no detalla es el caso de las empresas mixtas petroleras, donde PDVSA es socio mayoritario. Técnicamente, se trataría de una empresa pública y, por tanto, estaría exenta del pago, a menos que alguna otra disposición así lo establezca en el sentido que el socio minoritario pagaría una cuota parte, lo cual sin dudas sería discriminatorio”.
Para Guerra, “este nuevo impuesto viene a sumarse a otros y a contribuciones para fiscales, aportes por diferentes leyes, impuestos municipales para hacer que Venezuela tenga un sistema tributario disperso e ineficiente que ahuyenta la inversión. Contar con más impuestos y contribuciones no implica recaudar más”, sentenció.
Las empresas
De su lado, el consultor y auditor tributario, Héctor Orochena, alertó que el nuevo aporte “tendrá un impacto muy importante en el sector empresarial privado venezolano».
Lamentó que la AN no tomara en cuenta la propuesta de Fedecámaras y Conindustria, en cuando a que el aporte sea “racional y que no impacte en gran medida a las empresas, porque sin duda alguna una alícuota muy alta va a afectar severamente al empleo en el sector privado”, sostuvo.
Asimismo, criticó que con la ley “pretendan que el sector privado asuma lo que le compete pagar al sector público. Lo correcto es que tanto sector público como privado contribuyan en la misma medida”.
La recuperación del ingreso
Respecto al tema, el economista Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, opina que el asunto no se puede despachar fácilmente, argumentando que solo son las pensiones.
“Es importante entender que el tema de las pensiones es tan relevante como el tema de salario y todos los venezolanos entendemos que hay un déficit en la capacidad de compra de trabajadores y pensionados”, expresó, en entrevista con Unión Radio.
A su juicio, es “clave que el país haga todo lo posible por atender la recuperación del ingreso, de la capacidad de compra y la atención de la población y de los adultos mayores”.
Por lo que “aprobar un decreto no es el problema, el problema es lo que hay detrás de esa aprobación. ¿Cuáles son los impactos que puede tener y si es la mejor forma de hacerlo?».
También lamentó “el proceso de desequilibrio económico que pulverizó las prestaciones sociales y las pensiones” y, a pesar de ello, “el sector privado dijo que estaba dispuesto a contribuir, pero las magnitudes es lo realmente importante”.
Sobre el porcentaje de la contribución, el experto cree que ese 15% aumentan, en esa misma proporción, “los costos laborales naciones, es un costo importantísimo si consideras que todavía al ingreso le hace falta un aumento”.
“Al final no hay forma de que esto no se exprese en un incremento de costos en los productos y servicios en una economía con problemas de inflación”, denunció.
Se sacude un problema
De su parte, Edgar Silva, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos de los Jubilados y Pensionados, sostiene que el presidente Nicolás Maduro, “quiere sacudirse la responsabilidad de crear un sistema de seguridad social que sirva”.
Para Silva, la nueva “norma solo forma parte del chorizo de leyes de seguridad social existentes en Venezuela, pero que no son cumplidas por el Ejecutivo”.
Aseguró que “al final será el pueblo el que pague los costos de la aplicación de la ley, porque los empresarios subirán los precios de los productos y servicios para mantener sus ganancias”.
Una propuesta desechada
Silva recordó que en el “2015 el comité hizo una propuesta a Maduro, denominada: Una gota de petróleo para las pensiones, porque se preveía el colapso de las pensiones y ni en ese momento ni ahora ha respondido”, comentó.
“Esa gota de petróleo se estaba yendo para los bolsillos de la mafia que desbancó los reales de Pdvsa, más de 23 mil millones de dólares. Con lo robado por Tareck El Aissami, evidentemente habríamos tenido un fondo de pensiones recapitalizado para los pensionados de hoy y para los que siguen saliendo todos los días”, dijo.
Y mientras tanto, “nuestros viejos se están muriendo por falta de una medicina, por falta de atención médica, por falta de una operación gratuita, y a Maduro no le importa”, manifestó.
