Solo Daniel Ceballos y Leocenis García han acudido a la Sala Político Administrativa del TSJ
La situación de los candidatos inhabilitados que no podrían inscribirse en ningún evento electoral está lejos de ser resuelta, a decir que este viernes vence el plazo impuesto por un acuerdo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria, para establecer un mecanismo que permita garantizar el derecho de los venezolanos a unas elecciones libres.
“Cada uno de los interesados acudirá personalmente ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia para ejercer el recurso contencioso-administrativo que corresponda contra la medida de inhabilitación dictada por la Contraloría General de la República, acompañada de una solicitud de amparo cautelar, en el lapso establecido desde el primero de diciembre hasta el 15 de diciembre de 2023, en días continuos y sucesivos”.
“La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo cautelar solicitado, conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución”, continúa el acuerdo.
Los párrafos anteriores forman parte del acuerdo suscrito el 30 de noviembre, entre las partes, y hasta el momento solamente dos dirigentes políticos han acudido al TSJ, en los términos establecidos en el escrito: Daniel Ceballos, exalcalde de San Cristóbal y Leocenis García.
De resto, María Corina Machado, la principal afectada por las inhabilitaciones, puesto que es la candidata presidencial de la oposición, Henrique Capriles y Freddy Superlano, no han tocado las puertas del TSJ.
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Los argumentos
María Corina Machado ha descartado varias veces que va a acudir al TSJ, “porque no he cometido ningún delito”.
“Si a mí no me han notificado de procedimiento alguno, difícilmente puede haber lapso alguno corriendo, ¿verdad?”, remarcó Machado este jueves.
Por su parte, el excandidato a la primaria, Henrique Capriles, llamó hace unos días a “todos los inhabilitados inconstitucionalmente e ilegalmente” a acudir al TSJ. No obstante, él aún no lo ha hecho.
En su momento, Capriles recurrió su inhabilitación cuando fue impuesta. Recientemente, dijo que consultaría con sus abogados si era necesario repetir el procedimiento.
Freddy Superlano tampoco ha ido al supremo. En primer lugar, dijo que había que esperar por la decisión de Machado y luego no se ha vuelto a pronunciar.
Las inhabilitaciones son ordenadas por la Contraloría, organismo facultado por ley para tomar medidas administrativas contra funcionarios investigados.
La Constitución, sin embargo, establece que solo una sentencia judicial “definitivamente firme” impide aspirar a la presidencia, recuerda un análisis de la AFP.
Se debe cumplir el acuerdo de Barbados
Sobre este tema, el dirigente opositor, Tomás Guanipa, aseguró que “los acuerdos de Barbados deben cumplirse”, independientemente del mecanismo ideado para solventar el tema de las inhabilitaciones.
#15Dic
— ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) December 15, 2023
🗣️ "QUEDAN HORAS PARA HABILITAR A MARÍA CORINA MACHADO (@MariaCorinaYA)"
Este viernes finaliza el lapso establecido por el TSJ para la recepción de inhabilitaciones políticas, por lo que Tomás Guanipa (@TomasGuanipa), miembro de la delegación de la Plataforma Unitaria… pic.twitter.com/4trQj7o2er
“Panorama cargado de incertidumbre”
La negativa de Machado de ir al TSJ “pudiese empeorar las cosas dentro de la mesa de negociación”, dijo a la AFP el politólogo Pablo Andrés Quintero, quien resalta que “el panorama está cargado de incertidumbre” en torno a una candidatura que “representa un riesgo para el gobierno”.
Abstenerse, considera la consultora política Egleé González, podría ser “un error” para la exlegisladora tras su arrollador triunfo en las primarias opositoras.
“Se autoexcluiría”, comentó a la AFP González. “Si ella piensa que esos electores van a seguirla en una vía distinta a mantenerse en la ruta electoral (…), puede significarle una caída estrepitosa”.
Hasta el momento acudieron al TSJ dirigentes minoritarios como Daniel Ceballos, quien estuvo preso por cuatro años acusado de incitar a una rebelión en masivas protestas contra Maduro en 2014.
“Estoy aquí para respaldar el diálogo y el acuerdo de Barbados”, dijo a las puertas del tribunal.
Según Quintero, el gobierno busca “más participantes” en las elecciones de 2024, sin poner en peligro su continuidad, con la eventual habilitación de estos dirigentes de bajo perfil.
Intentaría así evitar un escenario como el de 2018, cuando Maduro fue reelegido en unos comicios boicoteados por el grueso de la oposición -que los denunció como un fraude- y desconocidos por países como Estados Unidos.
El factor Esequibo
El gobierno y la oposición acordaron en octubre en Barbados elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024. Estados Unidos, en respuesta, flexibilizó por seis meses sus sanciones al petróleo y el gas de Venezuela, pero condicionó todo a definir un procedimiento para levantar las inhabilitaciones.
La controversia entre Venezuela y Guyana por el Esequibo -área de 160.000 km2 rica en petróleo que administra Georgetown y reclama Caracas en una centenaria controversia territorial- ha entrado en el debate.
Por un lado, la administración de Joe Biden respalda a Guyana cuando Venezuela reavivó sus reclamos por concesiones a la petrolera ExxonMobil en aguas en disputa. Por otro, Machado dijo temer que Maduro pueda usar una “escalada” entre ambos países para eludir las elecciones: “Preocupa enormemente”.
